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El 20.4 % de los dominicanos confía en los partidos políticos

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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

Los partidos políticos dominicanos son las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, con solo un 20.4 % que dice confiar mucho o algo en su labor, mientras que el 43.9 % evalúa a esas organizaciones con una negatividad extrema, al expresar que no confía para nada en su trabajo.

Así lo establece Participación Ciudadana en el Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de República Dominicana: propuestas para la reforma de las leyes 33-18, de Partidos y 20-23, del Régimen Electoral.

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La investigación, preparada por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, con el auspicio de la Unión Europea, describe que los programas de gobierno de los partidos mayoritarios se centran en políticas transversales, que no generan división ni debate en la población.

En tanto que, no presentan visiones, diagnósticos o soluciones alternativas a las problemáticas del país y, en cambio, afirma que los programas presidenciales y municipales formulan propuestas genéricas, enfocadas en temáticas de desarrollo (crecimiento económico, creación de empleos, calidad educativa, etc.), desconocidas para la opinión pública, difícilmente distinguibles entre sí y sin un peso importante en la conformación efectiva de las políticas públicas.

Partidos y clientelismo

El informe del movimiento cívico asegura que República Dominicana es el país de América Latina donde el vínculo entre los partidos políticos y sus votantes está más exclusivamente basado en intercambios clientelares. “La estrategia predominante entre los partidos dominicanos para movilizar el respaldo ciudadano, consiste en ofrecer recompensas económicas individuales como bienes, dinero en efectivo y/o empleos”, precisa.

Describe que el modelo clientelista de representación democrática afecta la gobernanza y genera una rendición de cuentas perversa y que el cargo político no es evaluado por desempeño ni por resultados de políticas ejecutadas, sino, por cumplir las promesas de reparto del botín estatal entre su clientela.

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