El arma de la demanda para combatir las calumnias

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Instrumento de gran valía para solicitar castigos e indemnizaciones por daños y perjuicios que debe estar cada vez más accesible para aquellos cuya dignidad ha sido menoscabada; agresiones que se han extendido en la comunicación a través de redes sociales, llevadas al extremo y utilizadas incluso como trincheras de vulgaridades para difamar sin distinción, a veces desde la comodidad que proporciona el anonimato. La capacidad ciudadana de demandar ante los tribunales de justicia es la alternativa llamada a ser efectiva para las víctimas de excesos verbales y escritos. Siempre que el Poder Judicial actúe con imparcialidad, autoridad y respetando los plazos mínimos para atender las demandas. Aquí persisten las tácticas dilatorias que llevan los expedientes al límite. Sonadas acusaciones por supuesta corrupción han mantenido a la sociedad en prolongada espera de veredictos definitivos y en riesgo de prescripción. Por desidia, debilidad de procedimientos y normativas, o porque los mecanismos disciplinarios del sistema no funcionan como deberían para preservar el decoro. La negativa a convertir en funcional instrumento defensor de la verdad y el ejercicio periodístico el proyecto de ley de libertad de expresión en curso, tiende a privar al país de un arma para defender reputaciones y castigar a los ofensores, incentivados por la impunidad; impulsados por el desenfreno que impera en las redes, que las asemeja a ríos de odio y denigración. La censura previa merece proscripción permanente, habiendo dejado su huella en la historia republicana con etapas de mayor o menor intensidad. Utilizada incluso para aplicar de manera contundente una suerte de muerte civil, sin acceso a medios de difusión, a críticos de gobiernos, principalmente a dirigentes políticos como el doctor José Francisco Peña Gómez, víctima de la intolerancia y la negación. No a la mordaza, pero sí al fortalecimiento de los recursos legales para reclamar compensaciones morales y resarcir materialmente por los perjuicios causados, o para iniciar acciones penales en sentido estricto. Lo que esta nación no soportaría es que los francotiradores del descrédito continúen actuando con impunidad, virtualmente a salvo de sanciones.