El arma de la demanda para combatir las ofensas

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Herramienta valiosa para exigir castigos e indemnizaciones por daños y perjuicios, que debe estar cada vez más al alcance de quienes han sido heridos en su dignidad; agresiones que han ganado terreno en la comunicación en redes sociales, llevadas a extremos e incluso utilizadas como trincheras de vulgaridades para difamar a mansalva, a veces desde la comodidad que da el ocultamiento de identidades. La capacidad ciudadana de pedir cuentas ante la justicia es la alternativa llamada a ser efectiva para las víctimas de excesos verbales y escritos. Siempre y cuando el Poder Judicial asuma con neutralidad, autoridad y respeto a los plazos mínimos de atención a las formulaciones. Persisten aquí las tácticas dilatorias que ponen expedientes al borde del olvido. Acusaciones sonadas por supuesta corrupción han mantenido a la sociedad en larga espera de fallos definitivos y en riesgo de caducidad. Por desidia, debilidad de procedimientos y normativas, o porque los mecanismos disciplinarios del sistema no funcionan como deberían para preservar el decoro.

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La renuencia a convertir en instrumento funcional, defensor de la verdad y el ejercicio periodístico, el proyecto de ley de libertad de expresión en curso, tiende a privar al país de un arma para defender reputaciones y llevar a los ofensores a la justicia, incentivados por la impunidad; alentados porque las redes siguen en el desenfreno que las hace parecer ríos de odios y denigraciones. La censura previa merece proscripción permanente, tras dejar escrita en la historia republicana una larga presencia con etapas de mayor o menor intensidad. Usada incluso para aplicar contundentemente una suerte de muerte civil, sin acceso a medios de difusión, a críticos de gobiernos, principalmente a dirigentes políticos como el doctor José Francisco Peña Gómez, víctima de la intolerancia y la negación. No a la mordaza, pero sí al reforzamiento de medios legales para reclamar reparaciones morales y subsanar materialmente por los detrimentos infligidos o generar acciones penales propiamente dichas. Lo que no resistiría esta nación es que los francotiradores del descrédito sigan actuando impunemente, prácticamente a salvo de sanciones.