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Washington (EFE).- La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles para controlar las protestas por las redadas migratorias representa una orden sin precedentes en el país en 33 años. A esto se suma que el neoyorquino la adoptara sin la aprobación del gobernador local, algo que no se veía desde 1965.
La última vez que un presidente de los EE.UU. ordenó que la Guardia Nacional tomara las calles para garantizar el orden fue en 1992, cuando lo hizo George W.H. Bush para terminar con las violentas revueltas que estallaron el 29 de abril de aquel año, tras la absolución de los cuatro policías que habían golpeado brutalmente a Rodney King un año antes.
El fallo a cuenta de la agresión a King, grabada por un vecino de Los Ángeles y ampliamente emitida en los medios, provocó disturbios violentos y episodios de saqueo que duraron cuatro días y dejaron unos 60 muertos, más de 2.000 heridos y cuantiosos daños materiales.
Los despliegues de la Guardia Nacional para neutralizar este tipo de episodios no son raros en Estados Unidos, pero son los Ejecutivos locales los que solicitan la maniobra normalmente, como sucedió, por ejemplo, cuando gobernadores de más de una veintena de estados activaron unidades de este cuerpo en 2020 para hacer frente a las protestas por la muerte de George Floyd.
En el episodio de Los Ángeles de 1992 tanto el gobernador californiano de entonces, el republicano Peter Wilson, como el alcalde de la ciudad, el demócrata Tom Bradley, pidieron a Bush que invocara la ley de Insurrección para permitir que la Guardia Nacional tomara las calles de la ciudad.
La decisión de enviar a más de 4.000 efectivos militares en contra del criterio del actual gobernador californiano, Gavin Newsom, y de la alcaldesa, también demócrata, Karen Bass, dibuja un escenario que no se veía en el país en seis décadas.
La última vez que sucedió algo parecido fue en marzo de 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson “federalizó” a la Guardia Nacional para enviarla a Alabama sin el visto bueno del gobernador del estado, George Wallace.
Johnson buscó así proteger a los participantes en las marchas pacíficas por los derechos civiles, en contra de los deseos de Wallace, un firme segregacionista.
Este lunes, el estado de California optó por presentar una demanda contra Trump, por considerar que desplegó de manera “ilegal” a la Guardia Nacional, al considerar que abusó de “la autoridad del Gobierno Federal” y que violó la Décima Enmienda de la Constitución.
El sábado, el republicano tomó la decisión, a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, mayoritariamente pacíficas, estaban controladas, lo que llevó a una nueva escalada en los intercambios verbales entre Trump y Newsom, que acusó al magnate de crear “una crisis” y estar “agravando la situación”.
Fue el propio Newsom el que anunció hoy, tras ser informado por la Casa Blanca, que se desplegarán otros 2.000 efectivos adicionales en Los Ángeles, al tiempo que denunció las precarias condiciones en las que se encuentran actualmente los soldados, publicando fotos en sus redes sociales que muestran a los militares durmiendo hacinados.
Para autorizar el despliegue, el sábado Trump hizo uso del título 10 del código federal (que permite la movilización si existe una invasión o una rebelión, o si el presidente no puede hacer cumplir la ley mediante las fuerzas del orden regulares) y evitó invocar la ley de Insurrección, como sí hicieron Bush en el 92 y Johnson en el 65.
Sin embargo, Trump no descartó la posibilidad de recurrir a ese mecanismo, ya que al ser preguntado el domingo sobre esta posibilidad, replicó que dependerá “de si hay o no una insurrección”.
La ley de Insurrección data de 1807, otorga la capacidad a un presidente de desplegar el Ejército estadounidense para reprimir episodios de desorden civil y es considerado uno de los poderes de emergencia más contundentes en EE.UU.
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