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El diputado de la provincia Santo Domingo José Ortiz y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) condenaron las actuaciones del teniente coronel policial Esmayison Lugo Avelino, a quien responsabilizan de la muerte del mecánico Elvis Martínez (“Surungo”), un joven trabajador y padre de tres hijos, ultimado en el municipio Santo Antonio de Guerra.
Informó que una actividad familiar del Club de Motores de Guerra y el Círculo Nacional de Motores Romana, autorizada por las autoridades en el parque, fue dispersada con gases lacrimógenos y disparos. Ahí resultó muerto Surungo, esposado y con un disparo en la parte posterior de la cabeza, según su familia.
Los policías alegaron contaminación sonora.
Explicó que sobre las 4:00 de la tarde del domingo, el oficial detonó una bomba lacrimógena, a pesar de haber niños y adultos presentes, en momentos en que la comunidad estaba integrada, sin problemas.
Luego de que la gente huyó despavorida, los agentes dispararon donde cayó abatido Surungo, a pesar de estar esposado y bajo control de los agentes, por lo que exige medidas enérgicas contra el oficial y sus agentes.
En esa misma línea, habló Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, tras condenar la acción. Lamentó que una jornada de celebración culminara en tragedia, cuando agentes mataron de un disparo en la cabeza a un joven mecánico que ya estaba esposado y bajo control policial.
El hecho ocurrió en momentos en que se desarrollaban actividades en las fiestas patronales y el sexto aniversario del Moto Club de Guerra.
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Según denuncias del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), filial San Luis, los agentes policiales intentaron disolver la actividad.
La intervención fue rechazada por un grupo de jóvenes, incluidos motoristas, quienes protestaron por la forma agresiva en la que actuaron los uniformados. Entre los detenidos estaba Martínez, quien no portaba armas ni representaba amenaza alguna.
Ozuna calificó el hecho como un “vulgar asesinato” y solicitó la intervención inmediata del presidente Luis Abinader, y una investigación a fondo por parte de la Procuraduría General de la República.
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