Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El Departamento de Defensa de Estados Unidos está extendiendo una zona militarizada en la frontera sur, donde los soldados tienen la potestad de detener a personas que ingresen para su posible juicio federal por ingresar a un área de defensa nacional.
La Fuerza Aérea comunicó el lunes la incorporación de un tramo sinuoso de 400 kilómetros (250 millas) de la frontera en Texas, en medio de un incremento de la presencia de fuerzas militares bajo la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera.
La recién designada área de defensa nacional a lo largo del río Bravo (o Grande) abarca dos condados de Texas y se extiende junto a ciudades como Brownsville y McAllen. Se tratará como una extensión de la Base Conjunta San Antonio. La Fuerza Aérea declaró que está preparada para colocar de inmediato señales de advertencia contra la entrada al área.
La estrategia militar comenzó en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros (170 millas) de la frontera en Nuevo México y se extendió a una franja del oeste de Texas en mayo. Cazadores, excursionistas y grupos de ayuda humanitaria temen que ya no tendrán acceso.
En la más reciente área de defensa nacional, las responsabilidades militares incluyen “detección y monitoreo mejorados” y “detención temporal de intrusos hasta que sean transferidos a las autoridades policiales correspondientes”, se informó en un comunicado de prensa de la Fuerza Aérea.
Al menos tres personas han sido arrestadas directamente por soldados en Nuevo México para ser procesadas por la Patrulla Fronteriza. Más de 1.400 inmigrantes han sido acusados de invadir las áreas de defensa nacional, un delito menor castigado con hasta 18 meses de prisión.
Los desafíos legales a los cargos han tenido resultados variados.
La zona fronteriza militarizada es un contraste con el despliegue de unos 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles tras las protestas por la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno de Trump.
El despliegue de soldados está poniendo a prueba los límites de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al ejército realizar tareas de aplicación de la ley civil en territorio estadounidense.
Las detenciones en la frontera por entrada ilegal han disminuido drásticamente este año.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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