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Washington, Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) calificó este jueves como “lamentables e inseguras” las condiciones que enfrentan un grupo de sus oficiales y ocho migrantes con antecedentes penales en una base naval estadounidense en Yibuti (África), tras una orden judicial que detuvo su vuelo de deportación a Sudán del Sur.
En una declaración judicial, Melissa Harper, subdirectora ejecutiva de ICE, describió el caótico escenario al que se enfrentan 11 agentes migratorios y los ocho detenidos, quienes permanecen en la base aérea desde el mes pasado acatando una orden del juez federal Brian Murphy del Distrito de Massachusetts.
Harper enumeró una serie de riesgos para su personal y los detenidos, incluyendo exposición a la malaria, calor extremo, iluminación deficiente, escasas medidas de seguridad y fosas de incineración cercanas que dificultan la respiración, entre otros.
Adicionalmente, la funcionaria alertó que el Pentágono señaló que los agentes de ICE corren peligro inminente de ataques con cohetes por grupos terroristas en Yemen, con el cual Yibuti comparte frontera marítima. Resaltó que su personal carece de chalecos antibalas.
Los deportados, entre ellos un mexicano y un cubano, están retenidos en un contenedor de carga adaptado como sala de reuniones dentro de la base, donde son vigilados por los agentes de ICE, afirmó la funcionaria, quien considera que el lugar no es adecuado para una estancia prolongada.
La declaración judicial busca que Murphy autorice a ICE a continuar con sus planes de deportar a los migrantes a Sudán del Sur. De los ocho extranjeros, solo uno es de ese país; los demás son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
El vuelo de deportación debió detenerse en Yibuti, obedeciendo la orden de Murphy, quien determinó que la administración Trump infringió un fallo que le impedía deportar a esas personas a países donde podrían ser torturadas, sin darles la oportunidad de una defensa legal apropiada.
La legislación estadounidense estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde corren riesgo de tortura.
El Departamento de Estado considera Sudán del Sur un país peligroso por el conflicto armado; recomienda a los estadounidenses no viajar allí y, a principios de mayo, retiró de ese país a su personal no esencial.
El juez Murphy ofreció al gobierno de Trump la opción de realizar las audiencias de los migrantes en Yibuti, pero las condiciones descritas por Harper impedirían su ejecución.
La funcionaria también indicó en el documento judicial que el personal asignado a la base estaría frustrado por la detención de personas con antecedentes penales violentos en la zona militar.
La declaración ha generado interrogantes entre los defensores de los inmigrantes sobre por qué la Casa Blanca se niega a traer de vuelta a los ocho detenidos, donde se podría garantizar el debido proceso a los migrantes de manera segura.
