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Miami. — La indignación no solo se centra en la brutalidad de los operativos migratorios desplegados por el gobierno federal estadounidense desde el pasado 6 de junio, sino también en una contradicción jurídica: mientras los consulados de México tienen permitido acceder a los centros de detención, registrar a sus ciudadanos y hablar con ellos, organizaciones legales estadounidenses como CHIRLA, CARECEN, ACLU del Sur de California e Immigrant Defenders Law Center siguen siendo mantenidas al margen, sin contacto, sin información y sin acceso.
Desde el viernes por la noche, hay testimonios de trabajadores arrestados al salir de fábricas, mujeres interceptadas mientras recogían a sus hijos, residentes acorralados por agentes armados con rifles de estilo militar, granadas aturdidoras y equipo táctico. El lugar donde se encuentran detenidos los inmigrantes es también el centro del escándalo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldado por la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha autorizado visitas consulares bajo el principio internacional de protección al connacional y ha bloqueado el acceso de los abogados de organizaciones.
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“Durante dos días, nuestros equipos legales han sido impedidos de ingresar a los centros donde se cree que están retenidos miembros de la comunidad angelina”, denuncia una declaración conjunta de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes CHIRLA, ACLU, CARECEN e ImmDef. “Incluso a miembros del Congreso que intentaron ingresar se les negó el acceso. Esta falta de transparencia dificulta la representación legal, viola el debido proceso e impide que las familias y los funcionarios electos puedan verificar el estado de quienes han sido detenidos”, comenta a EL UNIVERSAL la vocería de CHIRLA.
La directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, fue clara: “Estas acciones no solo son ilegales, son inhumanas. Nuestras comunidades merecen respuestas y nuestra gente merece y necesita asesoría legal”. Advirtió con alarma que “los abogados no han tenido acceso a las personas detenidas desde el viernes, lo cual es muy preocupante”.
Pero “el acceso consular no sustituye la defensa legal. La función del consulado es brindar asistencia humanitaria, orientación y enlace con las familias, no representar legalmente a los detenidos”, dice a este medio el abogado en inmigración José Jordán.
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Esa responsabilidad recae en organizaciones como ImmDef, cuyos abogados fueron rechazados. Su presidenta, Lindsay Toczylowski, describió: “Como abogados, nos repugna la flagrante traición del Departamento de Seguridad Nacional a la dignidad humana básica al ver a cientos de personas retenidas en condiciones deplorables sin comida, agua ni camas durante más de 12 horas. A las personas blanco de ICE se les niega el acceso a abogados y a visitas de familiares, pero no son los únicos, a nuestros congresistas se les impide ejercer sus funciones de supervisión. El Departamento de Seguridad Nacional no está por encima de la ley, pero están tratando las instalaciones federales como islas de anarquía dentro de la ciudad”.
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