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Asimismo, el órgano acusador solicitó que el caso sea declarado complejo, indicando que posee suficientes elementos de prueba para sustentar su expediente acusatorio de 126 páginas.
La Fiscalía del Distrito Nacional programó para las 2:00 pm de este domingo la audiencia preliminar para conocer la solicitud de medida de coerción.
Previo a la llegada del Ministerio Público, alrededor de las dos de la tarde de este sábado, el abogado de los hermanos Espaillat, Miguel Valerio, manifestó que cuentan con los argumentos suficientes para defender a los investigados por homicidio involuntario.
Tras visitar a sus defendidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, Valerio indicó que se trata de un caso por imprudencia, adelantando que en la audiencia preliminar participarán unos 68 abogados.
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Agregó que Antonio Espaillat está de buen ánimo, tranquilo y consciente de su situación, mientras que Maribel Espaillat está bajo cuidado de la Procuraduría General de la República, recibiendo atención médica.
En ese sentido, reiteró que sus clientes tienen suficientes arraigos para no evadir el proceso judicial, y espera que la audiencia se celebre con gran altura, respetando a las víctimas de la tragedia.
Antonio Espaillat también recibió la visita este sábado de su esposa e hijos, quienes a su salida de la denominada “Carcelita” del Palacio Nacional no quisieron responder preguntas de la prensa.
El Ministerio Público investiga por el delito de “homicidio involuntario” a Antonio Espaillat y a su hermana, Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se derrumbó durante una fiesta del cantante Rubby Pérez, el pasado 8 de abril.
Los hermanos fueron detenidos el pasado jueves luego de varias horas de interrogatorio por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a otros fiscales.
El Ministerio Público comunicó, en una nota de prensa, que “los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del distrito Nacional para el conocimiento de medidas de coerción”.
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Según la legislación vigente, el delito de homicidio involuntario se castiga con prisión de tres meses a dos años, dependiendo de las circunstancias del caso. Además, si el homicidio involuntario ocurre en el ejercicio de una profesión o actividad que requiere especial cuidado, como la medicina o la construcción, la pena podría agravarse si se demuestra una falta grave en el cumplimiento de normas de seguridad.
El Ministerio Público les imputa haber mostrado una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al omitir realizar una intervención física que evitara el colapso del techo de la edificación, lo que provocó muertes y heridos, tal como ocurrió.
El Código Penal dominicano vigente, en su artículo 219, establece dos años de prisión correccional como pena máxima aplicable y una multa que va de veinticinco a cien pesos.
“El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos”, se establece en el citado artículo del Código Penal.
Espaillat llegó a la Procuraduría alrededor de las 2:06 de la tarde junto a su hermana Maribel, gerente de la empresa, y a su abogado Miguel Valerio. Después de esperar en un antepuesto, fueron interrogados por un equipo del Ministerio Público encabezado por el Director de Persecución, procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal del Distrito Nacional, magistrada Rosalba Ramos.
Dejado en prisión
Finalizado el interrogatorio, Espaillat fue trasladado por agentes policiales a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerá en espera de que se le conozca la medida de coerción relacionada con la tragedia en la discoteca Jet Set.
Paralelamente a la acusación, los Espaillat enfrentan 82 querellas, presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional, en las que solicitan, entre otras cosas, indemnizaciones millonarias por los daños sufridos por las familias afectadas.
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