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Participación Ciudadana valora positivamente que, en su primer mes, la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) haya publicado tres auditorías a instituciones estatales, al precisar que esto señala una dirección para recuperar la reputación y, por consiguiente, obtener la confianza ciudadana.
Los informes, donde se detectaron irregularidades en administraciones pasadas, conciernen a los ministerios de Hacienda (MH) e Industria, Comercio y MiPymes (MICM), y al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
PC lamenta que los informes no fueran divulgados oportunamente por las autoridades de entonces.
La decisión de publicarlos sin dilación muestra un compromiso inicial con la transparencia en el trabajo de esta importante institución estatal, presidida por Emma Polanco Melo e integrada por Francisco Tamárez Florentino, como vicepresidente, y Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, como miembros.
“Una auditoría busca examinar, utilizando las guías especializadas de la Cámara de Cuentas, las transacciones, registros, documentos, informes y los estados de ejecución presupuestaria, con el fin de verificar el cumplimiento de la entidad con las leyes aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno, para fundamentar así el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e informaciones en los estados de ejecución presupuestaria de la entidad, por los auditores asignados por la CCRD”, indica.
Estas tres primeras auditorías publicadas no solo evidencian la malversación de fondos públicos, sino también el gran descuido en la gestión de los asuntos públicos, lo que implica pérdidas significativas de recursos en detrimento del Estado, es decir, para la ciudadanía en general.
En estos momentos, donde, en contravención a la ley, ya existen aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2028, aún lejanas, pero, sobre todo, en que varios de estos aspirantes a la vez ocupan puestos en la administración pública, es crucial que la Cámara de Cuentas incluya en su calendario de auditorías a las entidades públicas administradas por estos aspirantes, para intentar frenar el uso de recursos públicos con fines electorales, precisó Participación Ciudadana.
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Es importante destacar, añade, que tanto la aplicación como las recomendaciones de la CCRD son de cumplimiento obligatorio.
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