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El ex secretario de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto, durante su participación en el encuentro realizado en la sede del Instituto Duartiano, junto con varios expertos en el tema haitiano, destacaron errores cometidos en diversas administraciones gubernamentales. “Situación de crisis de Haití y su implicación para la República Dominicana”. El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, aseguró que la comunidad internacional buscaba intervenir en la toma de decisiones, como el plan de regularización, presionando para que el país se hiciera cargo de la protección de niños sin padres y ancianos, así como para proporcionarles documentos e incluirlos en los planes de salud, lo que generaba rechazo en el cuerpo técnico. Explicó que las autoridades recibían presiones internacionales antes de iniciar el plan de regularización, ya que se buscaba perjudicar el interés nacional y la seguridad fronteriza. Observó que la solicitud de regularización de trabajadores indocumentados en sectores laborales, y las presiones del sector empresarial e internacional, son algunos de los efectos de la crisis haitiana en el país. Al intervenir en el encuentro organizado por el Instituto Duartiano, Juan Manuel Rosario, se quejó de que en anteriores gobiernos existían muchas discrepancias entre quienes entendían que la ley debía controlar las migraciones, y quienes creían que la ley servía para regularlas. Afirmó que el gobierno anterior cedió a las presiones internacionales antes de comenzar el plan de regularización, pues querían que se afectara el interés nacional. Señaló que los problemas relacionados con el tema haitiano no pueden discutirse a espaldas del pueblo dominicano, ya que es un tema que a todos les da miedo afrontar y tratar. Puedes leer: Polémica sobre empleo: ¿Por qué los empresarios prefieren mano de obra haitiana? Por su parte, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, consideró que muchos empresarios que contratan trabajadores haitianos indocumentados lo hacen a sabiendas de que eso constituye una amenaza constitucional y un círculo vicioso del cual será muy difícil salir. El historiador José Miguel Soto Jiménez, recordó que las Fuerzas Armadas no están para analizar ninguna amenaza proveniente de Haití, sino para cumplir el mandato Constitucional a través de sus mandos naturales, que es defender la territorialidad, la soberanía y la seguridad del país. El diputado Jesús Batista Suriel, de la Fuerza Nacional Progresista, destacó que los empresarios prefieren esa mano de obra porque les permite eludir compromisos laborales. En el evento participaron también, el jurista Juan Miguel Castillo, el abogado Osvaldo Cossío y Luisa Navarro.
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