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Miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresaron ayer su postura sobre el proyecto de modificación de la Ley 225-20, referente a la Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos, el cual fue aprobado en el Senado y está en debate en la Cámara de Diputados.
El diputado y miembro del comité político del PLD, Gustavo Sánchez, admitió la necesidad de fortalecer el modelo de gestión de residuos sólidos en el país para abordar la problemática de la contaminación ambiental. No obstante, indicó que el proyecto presenta aspectos que afectan la institucionalidad democrática de la descentralización y minimizan el papel municipal al centralizar el poder.
Entre las deficiencias, destacó que este proyecto incrementa de manera excesiva las contribuciones que las empresas deben pagar por el manejo de sus residuos, sin haberse efectuado un estudio que considere el tamaño, el sector o la capacidad de innovación ambiental de las mismas.
“Asimismo, la imposición de un relleno sanitario por región del país, o compartido por varias provincias, municipios o distritos municipales de una misma región, elimina la posibilidad de otros proveedores, sin tomar en cuenta la demanda, eficiencia, operatividad y costos. Además, centralizar todo el flujo de dinero y contratos en un fideicomiso nacional podría contravenir el principio de libre competencia”, explicó Sánchez.
Ante esta postura, el comité político sugirió a la comisión encargada del estudio del proyecto en la Cámara de Diputados que se realice un consenso con todos los actores antes de su aprobación definitiva.
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De igual manera, solicitaron el fortalecimiento del rol de los municipios y la transparencia en el manejo de los fondos, la inclusión de incentivos para facilitar una transición justa hacia modelos sostenibles y que los contratos de gestión de residuos sólidos se ajusten a plazos razonables, con el objetivo de no infringir el principio de la libre competencia.
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