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El conjunto de abogados en la inauguración del programa de formación de defensores públicos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, instó a los defensores públicos a anteponer la dignidad humana y subrayó que el 80% de los casos penales que se judicializan en el país son atendidos por esos abogados.
El magistrado Henry Molina, quien también preside el Consejo Directivo de la Defensa Pública y de la Escuela Nacional de la Judicatura, resaltó el papel que juegan los defensores públicos en la sociedad.
“Aspirar a ser defensor público es contraer un compromiso con la verdad, con la equidad y con las personas más vulnerables; ustedes no fueron seleccionados al azar, han pasado filtros, pruebas, valoraciones, porque el servicio que ofrecerán exige excelencia. No se trata solo de saber: se trata de servir usando ese conocimiento con convicción de la ética y los valores que representan ante la sociedad”, afirmó Molina, también presidente del Consejo del Poder Judicial.
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) dio apertura ayer al Programa de Formación de Aspirante a Defensor(a) Público(a) 2025, con un grupo compuesto por 83 abogados (as), a quienes el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina les exhortó a tener la dignidad humana como el eje principal de su trabajo, asumiéndola en su práctica diaria.
Durante las palabras centrales del acto, afirmó que la formación que inician tiene una dimensión que excede los libros e incluso los tribunales, se trata de desarrollar también sensibilidad institucional, visión crítica y disposición ética.
El juez presidente de la SCJ hizo hincapié en que la prisión preventiva no puede ser la norma, sino la excepción; en ese sentido, consideró que la solución “no puede ser siempre más cárcel, más tiempo, más castigo”, sino que se debe pensar la justicia desde la solución, la reintegración, el trato digno y el debido proceso.
Asimismo, dijo que a veces, el mayor obstáculo al acceso a la justicia no es la norma, sino la mentalidad, siendo la congestión del sistema causa probada del retardo judicial que resulta en límites y negación de acceso al sistema.
“Los acuerdos son una salida viable en todos los sistemas judiciales que funcionan. En Estados Unidos más del 90% de los casos no llega a juicio. Las vías alternas de resolución de conflictos son prioritarias, porque permiten que el sistema funcione. Tan simple como eso. Pero también porque la búsqueda de un sistema de justicia en una democracia es resolver conflictos, no castigar”, explicó Henry Molina.
Por su parte, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el grupo se formará como máquinas defensoras, como guerreros defensores del debido proceso, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de personas en conflicto con la ley penal.
“Ustedes asumen hoy un camino que exige vocación, sensibilidad humana y firmeza jurídica”, expresó.
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