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Una herramienta valiosa para reclamar castigos e indemnizaciones por daños y perjuicios que debería estar cada vez más accesible para quienes han sufrido agresiones a su dignidad; ofensas que se han expandido en la comunicación con redes sociales llevadas a extremos y empleadas incluso como trincheras de vulgaridades para difamar indiscriminadamente, a veces desde la comodidad que otorga el ocultamiento de identidades. La facultad ciudadana de exigir responsabilidades ante los tribunales es la alternativa destinada a ser efectiva para las víctimas de atropellos verbales y escritos. Siempre que el Poder Judicial actúe con imparcialidad, autoridad y respeto por los plazos mínimos de atención a las formulaciones. Aquí persisten tácticas dilatorias que ponen expedientes al borde de la inacción. Sonadas acusaciones por supuesta corrupción han mantenido a la sociedad en larga espera de fallos definitivos y en riesgo de prescripción. Por desidia, debilidad de procedimientos y normativas, o porque los mecanismos disciplinarios del sistema no funcionan como deberían para preservar el decoro.
La reticencia a hacer del proyecto de ley de libertad de expresión en curso un instrumento funcional defensor de la verdad y del ejercicio periodístico, tiende a privar al país de un arma para defender reputaciones y llevar a escarmiento a los ofensores incitados por la impunidad; alentados porque las redes siguen en el desenfreno que las hace parecer ríos de odios y denigraciones. La censura previa merece proscripción permanente después de dejar escrita en la historia republicana una larga presencia con etapas de mayor o menor intensidad. Empleada incluso para aplicar contundentemente una especie de muerte civil sin acceso a medios de difusión a críticos de gobiernos, principalmente a dirigentes políticos como el doctor José Francisco Peña Gómez, víctima de la intolerancia y la negación. No a la mordaza, pero sí al reforzamiento de medios legales para reclamar reparaciones morales y resarcir materialmente por detrimentos infligidos o generar acciones penales propiamente dichas. Lo que esta nación no toleraría es que los francotiradores del descrédito continúen a sus anchas, virtualmente a salvo de sanciones.
