El recurso de demanda para superar las difamaciones

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Herramienta de gran valor para reclamar castigos e indemnizaciones por daños y perjuicios, la cual debe estar cada vez más accesible para quienes han sido dañados en su dignidad. Agresiones que han ganado terreno en la comunicación mediante las redes sociales, llevadas a extremos y empleadas incluso como trincheras de vulgaridades para difamar sin miramientos, a veces desde la comodidad de ocultar la identidad. La facultad ciudadana de pedir cuentas ante la justicia es la alternativa llamada a ser efectiva para las víctimas de ofensas verbales y escritas. Siempre que el Poder Judicial actúe con imparcialidad, autoridad y respeto por los plazos mínimos en la atención a las solicitudes. Persisten aquí las tácticas dilatorias que ponen los expedientes al borde del colapso. Sonadas acusaciones de presunta corrupción han mantenido a la sociedad a la espera de fallos definitivos y en peligro de caducidad. Esto, por desidia, debilidad de los procedimientos y normativas, o porque los mecanismos disciplinarios del sistema no operan como deberían para preservar el decoro. Puede leer: Los daños colaterales de los mega operativosLa resistencia a convertir en instrumento funcional, en defensa de la verdad y del ejercicio periodístico, el proyecto de ley de libertad de expresión en curso, tiende a privar al país de un arma para defender reputaciones y someter a castigo a los ofensores, alentados por la impunidad. Esto se debe a que las redes persisten en el descontrol que las asemeja a ríos de odio y denigración. La censura previa merece ser desterrada por completo, tras dejar en la historia republicana una prolongada presencia, con etapas de mayor o menor intensidad. Se usó incluso para aplicar contundentemente una especie de muerte civil, negando el acceso a los medios de difusión a críticos de gobiernos, principalmente a líderes políticos como el doctor José Francisco Peña Gómez, víctima de la intolerancia y la negación. No a la mordaza, pero sí al refuerzo de los medios legales para reclamar reparaciones morales y compensar materialmente los perjuicios infligidos, o para generar acciones penales propiamente dichas. Lo que esta nación no soportaría es que los francotiradores del descrédito continúen impunes, virtualmente a salvo de sanciones.