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(Washington D. C.) – Entrevistas a agentes de la ley y documentos internos policiales revelan prácticas abusivas que han resultado en arrestos arbitrarios y abuso de poder en El Salvador, indicó hoy Human Rights Watch.Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) entrevistados por Human Rights Watch dijeron que muchas detenciones durante la actual “guerra contra las pandillas” impulsada por el gobierno de Nayib Bukele se debieron a la presión para alcanzar cuotas diarias de arrestos y se fundamentaron en pruebas sin corroborar o falsificadas. Describieron detenciones originadas por el simple hecho de que una persona tuviera un tatuaje de cualquier clase, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas. También relataron un ambiente de impunidad que propició que algunos agentes exigieran sobornos y, en ciertos casos, favores sexuales a mujeres a cambio de no detener a sus familiares.”El presidente Nayib Bukele presenta sus políticas de seguridad como un modelo para el mundo, pero los policías que entrevistamos cuentan una historia completamente distinta”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Sus testimonios ofrecen una perspectiva poco conocida sobre cómo la policía fabrica evidencias para cumplir cuotas de arrestos, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”.Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha suspendido algunas garantías de debido proceso. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han reportado la detención de más de 86.000 personas, incluyendo a más de 3.000 niños.Human Rights Watch entrevistó a 11 agentes de policía, quienes tienen entre 9 y 31 años de servicio. Nueve de ellos son miembros activos de la policía, mientras que los otros dos conocen la institución en profundidad y mantienen buenas relaciones con policías en servicio activo. Entre los entrevistados se encuentran sargentos, investigadores, técnicos forenses y agentes policiales de los departamentos de Santa Ana, San Vicente y San Salvador. Cuatro entrevistas se realizaron en San Salvador; las restantes, por teléfono. Por motivos de seguridad, Human Rights Watch resguarda los nombres de los agentes y otros datos que pudieran ayudar a identificarlos. Human Rights Watch corroboró los testimonios con documentos internos de la policía, sentencias judiciales y testimonios de otros policías y víctimas de abusos.Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, y graves violaciones del debido proceso. La gran mayoría de los detenidos permanece en prisión preventiva, muchos de ellos en condiciones inhumanas.Aunque los policías describieron los graves problemas de seguridad que representan las pandillas y reconocieron mejoras notables en la seguridad, también denunciaron las prácticas que, según ellos, se vieron obligados a adoptar por presión de sus superiores. Los agentes relataron que con frecuencia eran reprendidos cuando no cumplían con las cuotas diarias de arrestos. Algunos dijeron que no podían terminar sus turnos, comer o descansar en las delegaciones policiales hasta que no hubieran cumplido con su cuota de arrestos. Según relataron, negarse a detener a alguien o expresar preocupación sobre la falta de pruebas para detenerlo usualmente conllevaba amenazas de traslados a puestos no deseados o incluso acusaciones del delito de “incumplimiento de deberes”.En algunos casos, según relataron, los agentes falsearon las fichas policiales para justificar una detención. En las propias palabras de un agente: “No hay investigaciones. La policía crea perfiles. Son actos arbitrarios… Las fichas policiales son la ‘evidencia’ de que alguien es un pandillero”.Otro agente nos dijo: “Había gente que solo llamaba y decía que una persona era ‘colaboradora’ y nosotros íbamos a detenerla”. La práctica, en las palabras de este policía, ha sido “primero detener, luego investigar”.Muchos policías nos dijeron que muchas acusaciones recibidas a través de llamadas anónimas resultaron ser falsas y estar basadas únicamente en conflictos personales. Según un agente: “Se detuvo a personas solo porque no le caían bien a un vecino”.Algunos también dijeron que recibieron órdenes de no permitir la liberación de las personas detenidas. Describieron un “protocolo” para armar un nuevo caso contra cualquier persona cuya liberación fuera ordenada por los tribunales. El objetivo era arrestarla nuevamente e inmediatamente, como lo describió un agente, “justo al pasar el portón de la prisión”.Los agentes también señalaron que el régimen de excepción y la falta de rendición de cuentas generaron un ambiente de impunidad. Como lo describió uno de ellos, la policía se sentía “superpoderosa”.También señalaron que las duras condiciones laborales, los bajos salarios y los riesgos para su seguridad personal, problemas históricos en El Salvador, facilitaron la corrupción y el abuso de poder.Los agentes describieron cómo algunos de sus compañeros extorsionaban a personas y cometían actos de explotación sexual. “[La actitud de los agentes es] ‘si no haces lo que yo digo, te aplico el régimen de excepción'”, de acuerdo con un agente. “Se comenzó a usar el régimen de excepción como herramienta para coaccionar”.”La violencia de las pandillas ha disminuido significativamente en El Salvador”, señaló Goebertus. “Sin embargo, la población sigue expuesta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad que actúan sin control. La experiencia sugiere que estas prácticas abusivas se intensificarán si no se establecen mecanismos sólidos de rendición de cuentas”.Cuotas de arrestos y otros incentivos perversosVarios policías dijeron a Human Rights Watch que, en ocasiones, sus superiores les imponían una cuota mínima de arrestos diarios y los amenazaban con sanciones si no la cumplían. Señalaron que esas órdenes condujeron a la detención arbitraria de personas sin vínculos con las pandillas.Un agente dijo:Teníamos identificados a los pandilleros. El problema es que, cuando huyeron a las montañas, los jefes ordenaron cuotas de detención. “Van a detener a cinco personas, no me importa por qué las detengan”. En la formación de las 8 a.m., daban la orden de que una patrulla debía realizar cinco detenciones. La orden estaba dada y venía desde arriba. Algunos compañeros no aceptaban; otros, sí.Otro agente relató:Las jefaturas les pedían [a los agentes] cuotas diarias de personas detenidas en delegaciones nacionales. Si alguien “tenía mala cara”, lo detenían. Si no cumplían con las cuotas, oficiales de alto rango los amenazaban con iniciarles procesos disciplinarios o echarlos de la Policía Nacional Civil.Un tercer agente nos dijo:Nos pusieron cuotas de detenciones. Cada patrulla tenía que detener a tres o cuatro personas por turno. Nos decían que si no [la cumplíamos], “no regresáramos a la base”. Para salir a descansar, [los agentes] cumplían estas metas. El permiso de tres días nos lo quitaban como castigo. Teníamos ubicados los sectores donde estaban las pandillas y empezamos a cometer detenciones ilegales.Algunos policías nos dijeron que los amenazaban con trasladarlos a otras delegaciones policiales o con sanciones graves si no cumplían con las cuotas de arrestos. “Si no lo hacíamos, nos amenazaban con meternos presos por incumplimiento de deberes. Al final, terminábamos haciéndolo por miedo”, dijo un agente a Human Rights Watch.Human Rights Watch también revisó un informe interno de la policía de abril de 2022, que tres agentes presentaron a la Inspectoría General de Seguridad Pública, un órgano de control. El informe describe las sanciones impuestas a los agentes que se negaron a realizar una detención por falta de evidencia. El informe indica que a los agentes se les había ordenado detener al familiar de un miembro de una pandilla y “no regresar a la base sin llevar a cabo la detención”. En el informe, los agentes también indican que debían realizar una “cuota de cinco detenidos diarios”. El informe también señala que los agentes se negaron a efectuar la detención porque creían que no había pruebas que relacionaran a la persona con la pandilla. Al día siguiente, fueron trasladados a otra delegación policial.Los testimonios coinciden con los hallazgos del periódico La Prensa Gráfica, que informó que los agentes recibieron instrucciones de cumplir cuotas de arrestos (un total de hasta 1.000 detenciones al día en todo el país) y enfrentaban amenazas de sanciones si no las cumplían.Uso de evidencia dudosa o fabricadaLos agentes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que la policía realizó detenciones sobre la base de pruebas cuestionables o falsas. Por ejemplo, cualquier tatuaje visible era tratado como motivo de detención, según un agente.A pesar de su falta de precisión, las autoridades han recurrido durante años a los tatuajes como un indicio de pertenencia a pandillas. Durante el régimen de excepción, los agentes señalan que esta práctica se intensificó. “Andar tatuado aquí [en El Salvador] ahora es un delito”, dijo uno de ellos. “Si te ven tatuado, la policía no te da tregua. Si no te remiten, te hacen requisas en cada momento y te toman fotos”.También dijo que la policía utilizaba los tatuajes como excusa para acusar a las personas de pertenecer a las pandillas, lo que aumentaba artificialmente el número de presuntos pandilleros detenidos. El agente contó que los superiores “nos pedían remitir a la gente por el delito de ‘agrupaciones ilícitas'”, que suele ser utilizado contra los miembros de pandillas. “Por ejemplo, si dos personas se peleaban
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