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“Uno de los camareros fallecidos era Rhoyer Hernández, me asignó una mesa que no me gustó, así que me dijo que me sentaría en la mesa de Antonio Espaillat, al final… En esa mesa estaban Guarionex Estrella, su esposa, el primo de ella con su pareja, una muchacha de Delta Comercial; había dos señoras de Haina y un joven, entre otras personas… Esa mesa tenía unas 15 sillas aproximadamente, de las cuales solo cinco quedamos con vida”.
Es el relato del abogado Luis Tomás Graveley Hernández, coordinador legislativo en el Senado de la República, quien se encontraba en la Discoteca Jet Set la trágica noche del 8 de abril cuando se desplomó el techo dejando un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos, incluyéndolo a él.
Es otra de las perturbadoras historias que vivieron para contar los casi 200 sobrevivientes del trágico evento que se pudo evitar, según testimonios de empleados del centro de diversión, y el informe de los peritos designados por el Ministerio Público para hacer las investigaciones en el lugar.
De ahí la imputación de homicidio involuntario que le hace el MP al dueño del centro de diversión, Antonio Espaillat, y a su hermana Maribel, contra quienes a la fecha se han presentado un total de 108 acciones judiciales, entre querellas y denuncias, y por las que hoy se les conocerán medidas de coerción.
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A los querellantes se unieron ayer familiares del merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta la noche en que ocurrió la desgracia, y se encuentra entre las víctimas mortales.
Son ellos Ana Beatriz Pérez Reynoso, Casiey Aileen Lebrón Pérez, Lidia Esther Pérez Díaz, Micaías Pérez Díaz, Elizabet Pérez Díaz, Adelina Pérez Díaz y Eliezer Pérez Díaz.
En su querella penal, con constitución en actor civil, los familiares de Rubby solicitan la imposición de medida de coerción no solo para Antonio y su hermana Maribel, sino también para Ana Grecia López, y la empresa Inversiones E Y L S.R.L.
Afirman que con su accionar “no pretenden castigar sin fundamentos” ni emitir juicios, sino que se investigue para determinar la verdad “y que las partes implicadas asuman su responsabilidad”.
“Desde la familia Pérez reiteramos nuestra gratitud a quienes nos han acompañado en estos días de profundo dolor. Pero también hacemos un llamado sereno, firme y humano a todas las instituciones del Estado dominicano”, dicen los querellantes en el documento depositado ante la fiscalía del Distrito Nacional, por sus abogados constituidos Emery Rodríguez, Cristian Mendoza y Leonardis Calcaño.
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