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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de cuatro arrestados por el caso de la desaparición y presunto asesinato de cinco integrantes de la banda musical Grupo Fugitivo acusaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas de privar de la libertad a los sospechosos y negaron que tengan relación con los hechos.
El 25 de mayo, cinco miembros del Grupo Fugitivo desaparecieron en Reynosa, Tamaulipas, luego de tocar en un bar de la colonia Riberas de Rancho Grande. De acuerdo con los familiares, tras terminar el evento, dejaron de contestar llamadas y mensajes, por lo que se inició una movilización para dar con su paradero.
El 28 de mayo, la Vocería de Seguridad del Gobierno estatal informó sobre el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un predio de la colonia Aquiles Serdán. Al día siguiente, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que los restos correspondían a los integrantes de la agrupación.
Las víctimas fueron identificadas como Francisco Javier Vázquez Osorio (vocalista), Víctor Manuel Garza Cervantes (requinto), Nemesio Antonio Durán Rodríguez (tuba), José Francisco Morales Martínez (requinto) y Livan Edyberto Solís de la Rosa (mánager).
El pasado 30 de mayo, la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la detención de nueve personas presuntamente relacionadas con los hechos, y que estarían vinculados a la célula delictiva de “Los Metros” del Cártel del Golfo.
Posteriormente, el lunes 2 de junio, las autoridades anunciaron la detención de otros tres supuestos integrantes del Cártel del Golfo: Santos “N”, alias “M-47” o “Jimmy”, presunto líder operativo de la facción “Los Metros” y autor intelectual del crimen; Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’.
Las tres detenciones recientes suman un total de 12 arrestos de sospechosos vinculados al asesinato de los miembros del Grupo Fugitivo. Sin embargo, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos han acusado irregularidades en el actuar de la fiscalía local.
Natividad Alegría, madre de Andrés Ventura -uno de los nueve arrestados el 30 de mayo-, dijo en entrevista con Azucena Uresti de Grupo Radio Fórmula, que, durante la madrugada, uniformados de la Fiscalía entraron a la casa de su hijo y se lo llevaron detenido entre golpes y amenazas.
El 2 de junio, durante la entrevista, la madre del joven compartió que los agentes también golpearon a la esposa de su hijo, que está embarazada. “Le vendaron a la muchacha los ojos con una cinta (…) y lo amenazaron diciéndole que, si él no hablaba, su hijo la iba a pagar, que le iban a sacar el bebé de la panza”.
Andrés Ventura es chofer de Didi, aseguró su madre. Desde que los uniformados se lo llevaron, la familia no ha tenido contacto con él y no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades. Su madre se enteró de su detención por una publicación en redes sociales, en las que reconoció a su hijo junto a los otros nueve detenidos.
Además de Natividad Alegría, familiares de otros detenidos han señalado que fueron privados de la libertad por las autoridades sin pruebas sobre su participación en ningún delito.
Nancy Saucedo Martínez, tía de Juan Carlos, de 18 años, acusó que uniformados se llevaron a su sobrino cuando estaba por salir de su casa para llevar a sus hijos a la escuela. A partir de ese momento, la familia se dedicó a buscar el paradero del joven y no se enteraron de que fue detenido hasta que vieron una publicación en Facebook.
Diana Cristina Saucedo Martínez, madre del joven, detalló que a su hijo se lo llevaron con violencia y sin dar una razón. Dijo que a su nuera le quitaron el celular y poncharon las llantas de la camioneta de la pareja.
Ambas mujeres mencionaron que Juan Carlos Martínez es ladrillero. Autoridades también se llevaron a su patrón, Alfredo Bajaras, y a otro joven también ladrillero, Fernando Hernández.
Las familias de los detenidos se reunieron para manifestarse y exigir claridad en la investigación. Además, a pesar de que la Fiscalía confirmó la identidad de los cuerpos, familiares de las víctimas han solicitado pruebas de ADN para corroborar que los restos encontrados corresponden a los músicos.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió un comunicado de prensa el 30 de mayo en el que dio a conocer que los familiares de los integrantes del Grupo Fugitivo no han sido atendidos por la Fiscalía estatal ni por el gobierno de Tamaulipas.
El comité señaló que, al dejar la investigación en manos de la Fiscalía local, se “corre el riesgo de terminar en una fabricación de culpables”, por lo que hizo un llamado a organismos internacionales a trasladarse a la entidad y fungir como observadores.
“En menos de una semana, el gobierno de Tamaulipas pasó del silencio institucional sobre la desaparición de los jóvenes artistas al hallazgo de sus restos y la sospechosa identificación y detención de los presuntos responsables, esto no es una investigación seria, es una confabulación de alto nivel para engañar a la población y simular un acto de justicia” declaró Raymundo Ramos Vázquez, defensor de derechos humanos.
