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El Ministerio Público pide prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, aludiendo a la complejidad del caso y la necesidad de ubicar y evaluar a todas las víctimas.
La considerable cantidad de afectados por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, muchos de los cuales aún no han sido localizados o evaluados, constituye un reto significativo para el proceso judicial.
En la solicitud de medida de coerción, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria, consideran que el elevado número de víctimas en la tragedia del Jet Set es más que evidente, con un total de 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El Ministerio Público señala que parte de las víctimas han denunciado y presentado querellas contra los imputados, lo que incrementa notablemente el trabajo de investigación. Esta gran cantidad de afectados implica realizar varias diligencias, como entrevistas y otras que pudieran derivarse de las mismas.
Además, se debe tener en cuenta que existen personas afectadas que no han tenido contacto directo con el Ministerio Público, lo que implica realizar diversos esfuerzos para su ubicación. De igual manera, hay personas afectadas que no han podido presentarse ante el Ministerio Público para presentar denuncias y querellas, ni han podido ser evaluadas por médicos legistas que avalen legalmente su situación de salud, como consecuencia del desplome del techo del Jet Set Club.
Aunado a lo anterior, al contar con un gran número de denuncias y querellas, el Ministerio Público debe verificar la veracidad de lo expuesto en las mismas, así como constatar que estas personas estuvieron presentes el día del suceso y resultaron con afectaciones por el desplome, o que tuvieron vinculación con algunas personas que sufrieron daños.
Ante esa situación, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que declare la complejidad del caso y que imponga prisión preventiva a Antonio Espaillat y arresto domiciliario a su hermana Maribel Espaillat, quien se encuentra internada por problemas de salud.
El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que castigan el homicidio involuntario, así como los golpes y heridas involuntarias.
El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, se ha señalado que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas que comprometen su responsabilidad penal”.
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