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SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal en California impidió a la administración Trump aplicar órdenes ejecutivas contra la diversidad y las personas transgénero en los criterios para otorgar subvenciones, las cuales organizaciones LGBTQ+ consideran inconstitucionales.
El juez Jon Tigar declaró el lunes que el gobierno federal no puede obligar a los beneficiarios a suspender programas que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión, o que reconozcan la existencia de personas transgénero, para recibir fondos de subvenciones. La orden judicial se mantendrá vigente durante el proceso legal, aunque es probable que los abogados del gobierno presenten una apelación.
Las disposiciones sobre financiamiento “reflejan un intento de censurar el discurso y los servicios protegidos constitucionalmente que promueven la DEI y reconocen la existencia de individuos transgénero”, escribió Tigar.
Continuó argumentando que el poder ejecutivo debe seguir sometido a la Constitución al definir su agenda y que, incluso en el contexto de subsidios federales, “no puede usar como arma los fondos asignados por el Congreso para señalar a comunidades protegidas para un trato desfavorable o suprimir ideas que no le gustan o que ha considerado peligrosas”.
Entre los demandantes se encuentran centros de salud, grupos de servicios LGBTQ+ y la Sociedad Histórica Gay, Lésbica, Bisexual y Transgénero. Todos ellos reciben financiamiento federal y aseguran que no pueden cumplir sus misiones si acatan las órdenes ejecutivas del presidente.
La Fundación para el SIDA de San Francisco, uno de los demandantes, indicó que en 2023 recibió una subvención de cinco años de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para ampliar y mejorar los servicios de salud sexual, incluida la prevención de infecciones de transmisión sexual. El proyecto, por un valor de 1,3 millones de dólares, está dirigido específicamente a comunidades desproporcionadamente afectadas por desigualdades en la salud sexual.
No obstante, en abril, los CDC informaron a la organización sin fines de lucro que debía “suspender de inmediato todos los programas, personal, actividades o contratos” que promovieran la DEI o la ideología de género.
El expresidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo en enero, incluidas algunas para revertir las protecciones transgénero y detener programas de DEI. Los abogados del gobierno sostienen que el presidente tiene la autoridad para “alinear las estrategias de financiamiento y aplicación del gobierno” con sus políticas.
Los demandantes afirman que el Congreso, y no el presidente, tiene el poder de establecer las condiciones para el uso de los fondos federales, y que las órdenes ejecutivas restringen los derechos de libertad de expresión.
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