Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
NUEVA YORK (AP) — Una jueza el viernes prohibió al alcalde neoyorquino Eric Adams permitir que las autoridades federales de inmigración reabrieran una oficina en la prisión principal de la ciudad, en parte debido a las preocupaciones de que el alcalde las invitó a volver como parte de un trato con el gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump para que pusiera fin a su caso de corrupción.
La decisión de la jueza Mary Rosado de Nueva York es un revés para Adams, de filiación demócrata, quien emitió una orden ejecutiva que le permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras agencias federales mantener espacio de oficina en el complejo carcelario de la isla Rikers. Los legisladores de la ciudad presentaron una demanda en abril, en la cual acusan a Adams de entrar en un “acuerdo corrupto de quid pro quo” con el gobierno de Trump a cambio de que el Departamento de Justicia retirara los cargos penales en su contra.
Rosado bloqueó temporalmente la orden ejecutiva en abril. Al conceder una orden judicial preliminar, dijo que los miembros del concejo municipal han “demostrado una probabilidad de éxito al demostrar, como mínimo, la apariencia de un quid pro quo por el cual el alcalde Adams acordó públicamente traer de vuelta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (“ICE”) a la isla Rikers a cambio de la desestimación de sus cargos penales”.
Rosado citó una serie de factores, incluidos los comentarios televisados del zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, en febrero, quien dijo que si Adams no cumplía, “estaré en su oficina, detrás de él diciendo: ‘¿Dónde diablos está el acuerdo al que llegamos?'”.
Adams ha negado reiteradamente haber hecho un trato con el gobierno federal sobre el caso penal. Ha dicho que delegó en su primer vicealcalde, Randy Mastro, la toma de decisiones sobre el regreso del ICE a la isla Rikers para asegurarse de que no hubiera apariencia de conflicto de intereses.
Rosado dijo que Mastro le reporta a Adams y “no puede considerarse imparcial y libre de los conflictos del alcalde Adams”.
Mastro indicó en un comunicado el viernes que la alcaldía estaba segura de que triunfarán en el caso.
“Seamos muy claros: Esta orden ejecutiva trata sobre el enjuiciamiento penal de pandillas transnacionales violentas que cometen delitos en nuestra ciudad. Nuestra administración nunca ha hecho, ni hará, nada que ponga en peligro la seguridad de los inmigrantes que cumplen la ley, y esta orden ejecutiva también garantiza su seguridad”, manifestó Mastro.
La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, quien se postula a la alcaldía en las primarias demócratas, consideró que la decisión de la jueza es una victoria para la seguridad pública.
“Los neoyorquinos confían en que nuestra ciudad proteja sus derechos civiles, y sin embargo, el alcalde Adams ha intentado traicionar esta obligación al entregar el poder sobre nuestra ciudad al ICE de Trump porque él se encuentra en una posición vulnerable”, expresó en un comunicado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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