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Juezas aplazan juicio del caso Medusa hasta que Suprema resuelva recurso del imputado

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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

SANTO DOMINGO.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional detuvieron el juicio contra los involucrados en la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y asociados, desmantelada mediante la Operación Medusa.

Las magistradas tomaron esta decisión hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conozca un recurso de casación con el que se busca revocar la decisión que envió a juicio a Juan Azael Martínez Pimentel, implicado en el caso Medusa, dictada por los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Por esta razón, la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, pospuso el juicio a los implicados en el expediente del caso Medusa para el 21 de julio, a las 9:00 de la mañana.

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Debido a una serie de incidentes, las juezas no han podido dar inicio formal al juicio seguido contra los imputados, entre ellos el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados.

Se recuerda que el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Amauris Martínez, había emitido un “No ha lugar” a favor de Martínez Pimentel.

En una audiencia, Martínez acusó al Ministerio Público de presionar a los implicados en el caso Medusa para que lleguen a acuerdos. Vale la pena señalar que Martínez Pimentel es hermano de César Nicolás Rizik Pimentel, quien también enfrenta juicio junto con Jean Alain Rodríguez y otros encartados.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Jean Alain Rodríguez de cometer múltiples actos de corrupción, incluyendo procesos fraudulentos destinados al desfalco del Estado dominicano, mediante el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión (2016-2020).

El exfuncionario y sus allegados están acusados de corrupción, soborno y lavado de activos, delitos por los cuales, según el expediente acusatorio, fueron malversados más de seis mil millones de pesos durante su gestión como máximo representante del Ministerio Público.

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