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NASHVILLE, TENNESÍ, 13 DE JUNIO DE 2025. Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño de 29 años, se declaró inocente este viernes de los cargos federales de tráfico de personas durante su primera comparecencia en el tribunal de Nashville, Tennessee, después de ser retornado a Estados Unidos tras una deportación a la República de El Salvador calificada como “error administrativo” por el mismo gobierno estadounidense.
Ábrego García llegó a Estados Unidos a los 16 años, huyendo de amenazas de la pandilla Barrio 18 en El Salvador, que también extorsionaba a su familia. Se estableció en Maryland, donde residía con su esposa y tres hijos, y trabajaba como obrero metalúrgico. Desde 2019, contaba con una protección judicial que le impedía ser deportado, debido al riesgo de persecución en su país natal.
La deportación de Ábrego en marzo de 2025, desde EE.UU. a El Salvador, desató un conflicto abierto entre el Ejecutivo de Donald Trump y el poder judicial. Un juez de inmigración había ordenado suspender su expulsión, pero la administración Trump ignoró la orden y lo deportó junto a más de 250 migrantes, alegando — sin pruebas — su supuesta pertenencia a la pandilla MS-13.
La batalla legal se intensificó cuando la justicia federal exigió su regreso, mientras el Ejecutivo sostenía que los tribunales no podían intervenir en decisiones de política exterior. El caso se convirtió en símbolo de las políticas migratorias restrictivas y del choque institucional en torno al debido proceso.
Varios expertos y la defensa de Ábrego han señalado graves violaciones al debido proceso: fue arrestado y deportado a pesar de contar con protección judicial, y su regreso fue obstaculizado durante meses por el Ejecutivo, que además retuvo información clave y construyó un caso penal en secreto mientras desobedecía órdenes judiciales. Sus abogados han solicitado sanciones por desacato contra el gobierno y la divulgación de documentos ocultos bajo el pretexto de “secretos de Estado”.
En cuanto al proceso judicial actual contra Kilmar Ábrego, juristas y analistas citados en la prensa consideran débil la acusación de tráfico de personas. El principal indicio es un video de un control de tráfico donde Ábrego conducía a ocho migrantes indocumentados; sin embargo, la policía solo lo amonestó por tener el permiso de conducir vencido y no halló pruebas de delito. La defensa sostiene que las alegaciones de pertenencia a pandillas carecen de fundamento y que el gobierno no ha presentado evidencia convincente de que Ábrego represente un riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia.
Asimismo, especialistas han criticado el uso de cargos penales para justificar una deportación previamente ilegal, señalando un “abuso de poder” y una manipulación del sistema judicial.
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