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Washington — Las protestas contra las redadas migratorias iniciadas en Los Ángeles se han propagado a otras urbes de Estados Unidos, como Texas, Nueva York, Chicago, Denver, Las Vegas, Atlanta, Filadelfia, Boston y Washington. En ciertas instancias, se han registrado choques con la policía, particularmente cerca de las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La Casa Blanca ha respondido con contundencia, asegurando que estas manifestaciones “no prosperarán” y que se mantendrá el orden. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, declaró que el gobierno no permitirá que las protestas frenen las deportaciones masivas planificadas.
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Según Leavitt, el expresidente Donald Trump recibió un mandato claro de los votantes para controlar la migración irregular y aplicar medidas más estrictas. La portavoz afirmó que las ciudades consideradas “santuario” que limitan su colaboración con las autoridades migratorias federales ya no podrán amparar a personas indocumentadas con antecedentes penales.
El gobierno culpa a algunos líderes demócratas, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, de no actuar con la suficiente determinación para preservar el orden. En respuesta, Trump ordenó el despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, una decisión rechazada por las autoridades locales.
Las autoridades federales justifican el envío de tropas como una manera de proteger a los agentes migratorios y asegurar la continuidad de las deportaciones. Leavitt aseguró que los disturbios están siendo controlados y que quienes cometan actos violentos serán llevados ante la justicia.
No obstante, críticos argumentan que esta medida podría agravar la tensión en las calles. Newsom y Bass han rechazado el despliegue militar, acusando al gobierno federal de exceder sus competencias.
La portavoz presidencial mencionó que el gobierno respeta la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y reunión pacífica. Sin embargo, señaló que en Los Ángeles se han registrado actos violentos contra agentes federales, lo que justificaría la intervención militar.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y activistas migrantes denuncian que las redadas y deportaciones masivas afectan a familias enteras, incluso a personas sin historial delictivo.
El gobierno federal ha dejado en claro que seguirá adelante con su política de deportaciones, independientemente de las protestas. Por otro lado, los manifestantes y algunos gobiernos estatales prometen resistir estas medidas.
La situación continúa en desarrollo, y se anticipa que en los próximos días habrá más declaraciones de ambos bandos, así como posibles nuevas movilizaciones en diferentes ciudades del país.
Este es un tema complicado que involucra seguridad, derechos humanos y políticas migratorias. Le sugerimos mantenerse informado a través de fuentes fiables para entender mejor los futuros acontecimientos.
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