Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump reiteró, el lunes, su petición a la Corte Suprema para reactivar planes de reducción en la plantilla federal, pese a la oposición expresada por sindicatos y varias ciudades mediante una demanda.
La solicitud se produjo después de que un tribunal de apelaciones se negara a suspender la orden de una jueza de California que bloqueó los recortes, promovidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
En una decisión de 2 a 1, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito concluyó que la reducción de personal tendría consecuencias significativas en el sistema de seguridad alimentaria y en la atención médica de los veteranos.
La jueza federal de distrito, Susan Illston, en su fallo del mes pasado, argumentó que el gobierno federal necesita el aval del Congreso para realizar cambios importantes en los efectivos de la administración pública.
El gobierno había presentado una petición para que los jueces intervinieran desde el mes previo, pero retiró su apelación por temas técnicos y legales. La solicitud reciente se suma a una serie de apelaciones de urgencia que afirman que los jueces federales excedieron su autoridad.
En el nuevo escrito, el procurador general D. John Sauer acusó a la decisión de Illston de basarse en una “premisa insostenible” respecto a que el presidente necesita una autorización explícita del Congreso para ejercer su autoridad bajo el Artículo II sobre decisiones internas de personal en el poder ejecutivo.
Trump ha resaltado en reiteradas ocasiones que los votantes le dieron un mandato para reformar el gobierno federal, encomendando la tarea a su allegado Elon Musk al frente de la iniciativa a través del DOGE, aunque Musk dejó su cargo la semana pasada.
Se informa que decenas de miles de empleados federales han sido despedidos o se han acogido a programas de renuncia voluntaria. Aunque no hay una cifra oficial disponible, se ha indicado que al menos 75,000 empleados han tomado la renuncia voluntaria y miles de trabajadores en periodo de prueba han sido cesados.
La orden de Illston obliga a varias agencias federales a detener la implementación de la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral firmada en febrero, así como un memorándum posterior emitido por el DOGE y la Oficina de Gestión de Personal. Esta decisión impacta a departamentos como Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos, entre otros.
La Corte Suprema ha fijado plazo hasta el próximo lunes para recibir la respuesta de sindicatos y ciudades demandantes, incluyendo a Baltimore, Chicago y San Francisco.
Varios sindicatos y organizaciones sin fines de lucro también participan en otra demanda en San Francisco que cuestiona los despidos masivos en periodo de prueba. En este caso, el juez William Alsup había ordenado la reincorporación de esos trabajadores en marzo, pero la Corte Suprema bloqueó luego esa orden.
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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP, con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa.
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