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El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este jueves una sentencia que permite a los estados retirar la financiación del plan público Medicaid a Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva y abortos del país, lo que representa un nuevo golpe a los derechos reproductivos a nivel nacional.
La decisión del Alto Tribunal se dividió en 6-3, con la mayoría conservadora a favor de limitar los fondos y tres magistradas liberales en contra del fallo, que impulsa los esfuerzos de miembros del partido republicano por desfinanciar a la red, que abarca unos 600 centros de atención en todo EE.UU.
Según informes de la propia organización, el dinero de la sanidad pública destinado a Planned Parenthood no se usa para realizar interrupciones del embarazo, sino para medicamentos anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros servicios relacionados.
Solo el 5 % de los beneficiarios de Medicaid han solicitado servicios de salud sexual y reproductiva en esta red en lo que va de año, se informó.
“La decisión de hoy es una grave injusticia que socava los cimientos de la libertad estadounidense y amenaza con sumir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica. La intención del gobernador (Henry) McMaster es clara: usar como arma el sentimiento contrario al aborto para privar a las comunidades de bajos ingresos de atención básica de salud”, reaccionó la presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic, Paige Johnson.
Según Johnson, la red “continuará operando y ofreciendo atención médica en Carolina del Sur, incluso a las personas inscritas en Medicaid”.
“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que puedan recibir la atención que necesitan a bajo costo o sin costo alguno”, añadió.
El caso se inició por una demanda contra el Gobierno del estado de Carolina del Sur por impedir que el proveedor reciba fondos del programa de salud para personas de bajos recursos.
Con esta decisión, el Tribunal se opone a que un beneficiario de Medicaid pueda demandar a los gobiernos estatales para que los servicios de Planned Parenthood entren en su cobertura de salud porque, según argumentan, en sus centros se realizan interrupciones del embarazo.
Aunque el aborto en Carolina del Sur está prohibido después de las seis semanas de gestación, el Gobierno republicano de ese territorio busca evitar que las personas que dependen del plan de salud estatal puedan acceder a cuidados médicos a través de Planned Parenthood.
Durante la vista celebrada en abril, el panel de jueces ya se había mostrado dividido. Por un lado, los conservadores estuvieron reticentes, como se explicó en la sentencia, a que un paciente pueda demandar a Carolina del Sur para acceder a la clínica de planificación familiar bajo la cobertura de salud.
En cambio, las magistradas liberales insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental establece que los pacientes deben poder ser atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.
Este fallo es un nuevo ataque para los derechos reproductivos en Estados Unidos después de que el Supremo eliminara en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional y dejara las decisiones sobre este tema a los estados.
Como resultado, el aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de EE.UU., según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.
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