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El Supremo de Estados Unidos dictaminó este jueves que los estados pueden retirar la financiación del plan público Medicaid a Planned Parenthood, principal proveedora de servicios de salud reproductiva y abortos, lo que representa un nuevo retroceso para los derechos reproductivos a nivel nacional.
La decisión del Alto Tribunal se dividió en 6-3, con la mayoría conservadora a favor de restringir los fondos y tres juezas liberales en contra, impulsando los esfuerzos de miembros del partido republicano por desfinanciar a la red, que cuenta con unos 600 centros en EE.UU.
Según la propia organización, el dinero de la sanidad pública destinado a Planned Parenthood no se utiliza para abortos, sino para anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros servicios.
Solo el 5 % de los beneficiarios de Medicaid solicitaron servicios de salud sexual y reproductiva en esta red este año.
“La decisión de hoy es una grave injusticia que golpea los cimientos de la libertad estadounidense y amenaza con sumir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica. (…) La intención del gobernador (Henry) McMaster es clara: usar el sentimiento antiaborto para privar a las comunidades de bajos ingresos de atención médica básica”, reaccionó Paige Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic.
Johnson afirmó que la red “continuará operando y ofreciendo atención médica en Carolina del Sur incluso a las personas con Medicaid”.
“Haremos todo lo posible para asegurar que reciban la atención necesaria a bajo costo o sin costo alguno”, añadió.
El caso surgió por una demanda contra el Gobierno de Carolina del Sur por impedir que la proveedora recibiera fondos del programa de salud para personas de bajos recursos.
Con esta decisión, el Tribunal se opone a que un beneficiario de Medicaid pueda demandar a los gobiernos estatales para que los servicios de Planned Parenthood estén cubiertos, argumentando que en sus centros se realizan abortos.
Aunque el aborto en Carolina del Sur está prohibido después de seis semanas de gestación, el Gobierno republicano busca evitar que las personas con el plan de salud estatal puedan acceder a cuidados médicos a través de Planned Parenthood.
Durante la vista en abril, el panel de jueces ya se mostró dividido. Los conservadores fueron reticentes a que un paciente demandara a Carolina del Sur para acceder a la clínica bajo la cobertura de salud.
Las magistradas liberales insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental permite que los pacientes sean atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.
Esta sentencia es un nuevo golpe para los derechos reproductivos después de que el Supremo eliminara en 2022 el derecho al aborto a nivel nacional, dejando las decisiones a los estados.
Como resultado, el aborto es ilegal o muy restringido, sin excepciones por violación o incesto, en 23 de los 50 estados, según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.
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