Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la tarifa que se aplica a las facturas telefónicas para brindar miles de millones de dólares anuales a servicios de telefonía e internet subsidiados en escuelas, bibliotecas y áreas rurales. Con una votación de 6-3, los magistrados anularon un fallo de un tribunal de apelaciones que había declarado inconstitucional el Fondo de Servicio Universal, el cargo que se añade a las facturas telefónicas desde hace casi 30 años.
En los argumentos presentados en marzo, tanto los jueces liberales como los conservadores expresaron inquietudes sobre las consecuencias potencialmente catastróficas de eliminar el fondo, que ha beneficiado a decenas de millones de estadounidenses.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) recauda el dinero de los proveedores de telecomunicaciones, quienes trasladan el costo a sus clientes.
Un grupo de defensa conservador con sede en Virginia, Consumers’ Research, había impugnado esta práctica. Los jueces previamente habían rechazado dos apelaciones de Consumers’ Research después de que las cortes federales de apelaciones respaldaran el programa. Pero el pleno de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, uno de los más conservadores del país, determinó, con un 9-7, que el método de financiación es inconstitucional.
El 5to Circuito sostuvo que el Congreso había concedido demasiada autoridad a la FCC y que la agencia, a su vez, había delegado demasiado poder a una entidad privada o administrador.
La última vez que la Corte Suprema invocó lo que se conoce como la doctrina de no delegación para anular una ley federal fue en 1935. No obstante, varios jueces conservadores han insinuado que están abiertos a revitalizar esta doctrina legal.
La corte liderada por conservadores también ha limitado a las agencias federales en fallos de gran impacto en los últimos años. El año pasado, la corte revocó un caso de 40 años que se había utilizado miles de veces para respaldar regulaciones federales. En 2022, la corte falló que el Congreso debe actuar con precisión antes de que las agencias puedan abordar “cuestiones relevantes”, en un fallo que restringió la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para combatir el cambio climático.
Sin embargo, el caso de la tarifa telefónica no resultó ser el idóneo para hallar otra forma de restringir a los reguladores federales.
El gobierno republicano del presidente Donald Trump, que ha actuado enérgicamente para restringir a las agencias administrativas en otras áreas, defendió el programa de la FCC. La apelación fue presentada inicialmente por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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