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WASHINGTON (AP) — El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó analizar la apelación de GEO Group, una compañía privada de prisiones, que se encuentra en el centro de una demanda donde se le acusa de obligar a inmigrantes detenidos a trabajar por un pago de un dólar al día.
La apelación surgió después de que un juez se negara a desestimar la demanda, presentada en 2014, que alega que los detenidos eran forzados a realizar tareas de limpieza y otros trabajos sin una compensación justa, percibiendo solo un dólar diario, una suma que apenas cubría el costo de sus escasas comidas.
GEO Group argumentó que estas acusaciones son una forma indirecta de oponerse a las políticas migratorias federales, afirmando que sus pagos cumplen con las regulaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU.
Los representantes de la empresa argumentaron que los migrantes no tienen derecho a demandar porque operan la instalación en Aurora, Colorado, en nombre del gobierno, que goza de inmunidad frente a este tipo de reclamos.
Por otro lado, los abogados de los inmigrantes alegaron que el litigio se enfoca exclusivamente en la compensación inadecuada que reciben, considerándola inaceptable y sin justificación contractual.
Un juez de un tribunal inferior permitió que la demanda siguiera adelante y, posteriormente, la Corte Federal de Apelaciones del 10º Circuito determinó que no podía revisar las afirmaciones de inmunidad antes del juicio. GEO Group argumentó ante la Corte Suprema que los contratistas gubernamentales deberían poder plantear este tema en una apelación de manera expedita.
GEO Group, con sede en Florida, es uno de los mayores proveedores privados de servicios de detención del país, gestionando o siendo propietario de unas 77.000 camas en aproximadamente 98 instalaciones. Entre sus contratos, se incluye un nuevo centro de detención federal de inmigración, donde el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado en una protesta el mes pasado.
Demandas similares han sido interpuestas por inmigrantes en otras regiones, como un caso en el estado de Washington que resultó en una orden de pago de más de 23 millones de dólares a la empresa involucrada.
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El periodista de Associated Press Mike Catalini, desde Trenton, Nueva Jersey, colaboró en este informe.
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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
