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Protestas en Los Ángeles: el Pentágono despliega marines y California demanda al Gobierno Trump (Cortesía)
Es notorio el desdén del presidente Trump hacia la ley y el orden institucional. De manera similar a su homóloga mexicana -y del predecesor de ésta- ha expresado su repudio respecto a las restricciones o limitaciones impuestas por jueces federales.
Lo ocurrido estos días en Los Ángeles no tiene precedentes desde la era de Lyndon B. Johnson, cuando el demócrata federalizó, sin el visto bueno del gobernador, la Guardia Nacional del estado de Alabama con el fin de proteger a los manifestantes de las autoridades locales y grupos racistas abiertamente opuestos a los derechos civiles de los afroamericanos.
Trump y el gobierno federal han asegurado no haber violado la ley. No obstante, es oportuno destacar que, según el marco legal estadounidense, el presidente puede enviar a la Guardia Nacional bajo condiciones específicas, como la existencia de un intento de insurrección.
El gobernador de California, Gavin Newsom, en conjunto con la alcaldesa Karen Bass han sostenido reiteradamente que, a diferencia de lo que alega Washington, los disturbios en Los Ángeles se han circunscrito a ciertos distritos del centro de la ciudad, y no constituye -a juicio de los funcionarios demócratas- una amenaza que justifique el apoyo de fuerzas federales.
Además del despliegue de la Guardia, Trump ha enviado 700 marines a la ciudad, al tiempo que el secretario de Defensa insistía el lunes en la presencia de soldados en las calles.
El presidente también ha excedido los límites en la aplicación de la ley migratoria. Mientras que sus predecesores habían restringido el despliegue de las autoridades federales a la zona fronteriza, el gobierno de Trump lo ha extendido ahora al corazón de las ciudades santuario; situación caótica que podría propagarse hacia ciudades como Chicago o Nueva York.
Como se mire, Trump ha vuelto a mostrar su rostro autoritario. Por un lado, ha abusado del poder federal en el ejercicio de la detección de migrantes (basada en perfiles raciales) y, por otro, mediante una interpretación perversa de las atribuciones de las autoridades federales en materia de mantenimiento del orden.
Lo ha hecho -se estima- como componente de sus promesas incumplidas durante su primer mandato; cuando, según ha trascendido, miembros sensatos dentro de su gabinete le aconsejaron que no cruzara la línea roja en materia migratoria.
Los disturbios han continuado en las últimas horas, mientras los indocumentados, muchos de ellos hombres y mujeres que acatan la ley y cumplen con sus obligaciones fiscales, temen por su futuro en Estados Unidos.
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