Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
En tiempos donde, gracias al economista y escritor Yanis Vaurofakis, se está acuñando el término Tecno-Feudalismo, basándose en que los dueños del capital ya no son aquellos que se dedicaban a la industrialización, la construcción, la manufactura, sino quienes manejan “los algoritmos” en las distintas plataformas digitales de las que somos parte. Es decir, que estamos en un mundo dominado por quienes controlan nuestros datos.
Desde compañías como Amazon o Temu que no producen lo que venden e inducen el consumismo basándose en algoritmos que mantienen a los usuarios constantemente interesados en la compra de productos según sus gustos y supuestas necesidades, incidiendo además, en el orden de prioridad en que te muestran cada marca u oferta, hasta quienes se aprovechan gratuitamente de todo el contenido que producimos para las redes sociales, haciendo de este, nuestro espacio principal de información, generando ganancias descomunales y sacándole provecho comercial a nuestros datos.
En este contexto, el Estado Dominicano, como lo hacen otros o a pesar de lo que hagan otros, debe cuidar y defender nuestros datos, pero aún más, la integridad de la data gubernamental y de la ciudadanía.
He leído con preocupación una nota de prensa escrita por el periodista Ismael Hiraldo, titulada: “Someten proyecto de ley para que la DGII pueda almacenar datos de contribuyentes en servidores externos”, la cual busca modificar el artículo 56 de la Ley 11-92, sobre el Código Tributario, y establece que los datos personales registrados para acceder, enviar información o realizar declaraciones, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio digital podrán ser gestionados usando plataformas externas, siempre que se apliquen “medidas legales, organizativas y técnicas adecuadas”. Esta ley fue presentada por el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Luis Abinader.
Para quienes no entienden estos detalles tecnológicos, quizá no advierten el peligro de esta situación, sin embargo, dicha modificación a la ley indica textualmente que: “Los datos podrán ser recibidos, procesados y almacenados en centros de datos propios, de terceros o en servicios de computación en la nube”. ¿Qué implica esto? Pues que la DGII puede comprar espacio en servidores a una empresa ya sea local o extranjera para guardar nuestros datos.
En palabras más simples: Imaginen que un servidor en la nube es como un edificio de apartamentos, y las empresas que lo ofrecen como: AWS, Google Cloud o Microsoft Azure, etc. es la dueña del edificio. Estos servicios tienen mucha ventaja para ciertas compañías porque no necesitan dar mantenimiento a equipos, ni contar con un Data Center, más el personal que se encargue de monitorear constantemente, tanto el estado físico (temperatura, electricidad, condiciones óptimas, etc.) como virtual (actualizaciones, seguridad, etc.).
Estos “apartamentos virtuales” pueden ser:
1- Servidores compartidos (Cloud público): Como vivir en un edificio con áreas comunes (otros inquilinos usan los mismos recursos, pero cada uno tiene su espacio).
2- Servidores dedicados (Cloud privado): Como alquilar un piso entero solo para ti (recursos exclusivos, más caros, pero con mayor control).
No se trata de que las empresas que alquilan servidores dedicados no garanticen privacidad o seguridad de los datos. Al contrario, la tecnología y sus necesidades de seguridad, escalabilidad, respaldo y redundancia, que permiten sostener los sistemas funcionando hacia los usuarios internos y externos de una institución, muchas veces están mejor garantizadas tercerizando el servicio. Pero NO es cierto que esta disposición de cambiar esta ley nos vaya a dar tranquilidad de ningún tipo. Empezando porque la soberanía de los países también tiene que ver con cómo y dónde guardan sus datos. Además, hay datos más delicados que otros.
Inexplicablemente se hacen esfuerzos que nunca sabemos en qué terminarán.
La anterior Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), hoy llamada Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), dejó inaugurado, en el pasado período de gobierno del 2016 al 2020, el Data Center del Estado, un espacio ubicado en el Parque Cibernético de Las Américas, con todos los estándares internacionales de seguridad y cuya información está aún vigente en el sitio web de la ogtic.gob.do ¿No sería más eficiente agregar un párrafo a la ley donde se haga uso del mismo?
La dependencia de servidores en la nube, que son de jurisdicción extranjera, no es aconsejable para los Estados. Aunque cumplan con todos los contratos de seguridad y respeto a la privacidad, sería darle poder a una potencia extranjera sobre nuestra información.
Al contrario, lo que necesitamos es que se haga un levantamiento para ver cuánta información sensible de la ciudadanía, ya sea del Ministerio de Educación, de Salud o de Defensa, como también, Migración, Pasaporte, Registro Civil, entre otras, está alojada en servidores externos privados.
Países como China, Alemania, Francia, España y otras naciones de la Unión Europea, India, Rusia, Irak, Sudáfrica, Arabia Saudita, Brasil, entre otros, tienen una serie de leyes y regulaciones para que su data gubernamental no dependa de Estados Unidos u otras potencias extranjeras.
La libertad no es solamente enarbolar una bandera, estamos en un nuevo milenio con desafíos que, como bien nos explica Vaurofakis, pertenecen a un nuevo esquema de ejercer poder sobre los demás, la realidad es que quien se adueña de la información, se adueña del mundo y por este tipo de aperturas, que nos pone a sospechar sobre cuáles empresarios serán los que quieren beneficiar, nos terminarán vulnerabilizando mucho más a expensas de los señores tecno feudalistas de la actualidad.
Agregar Comentario