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Lima, 24 jun (EFE).- La Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cúspide de la Judicatura en Perú, anunció este martes el inicio de un “procedimiento de ejecución forzosa”, lo que implica pedir el uso de la fuerza pública, para que la actual fiscal general, Delia Espinoza, cumpla con reponer a su antecesora Patricia Benavides.
La medida fue anunciada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, en un video publicado en las redes sociales del organismo, en el cual confirmó que se ha solicitado la intervención de la Policía.
Ríos, quien apareció junto a cinco de los otros seis integrantes de la JNJ, afirmó que la orden de reponer a Benavides, quien está siendo investigada por presuntos actos de corrupción, “no constituye un nuevo nombramiento” como fiscal general, ya que esa es una prerrogativa que solo le compete a la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
Aunque la JFS ha ratificado a Espinoza en su puesto, el presidente de la JNJ agregó que lamenta que la fiscal actual esté cometiendo una “grave afectación al orden jurídico” al no acatar su resolución.
“Los funcionarios públicos están obligados a acatar las decisiones emitidas por los órganos competentes hasta que no sean legalmente revocadas”, sostuvo.
Tras conocerse esta declaración, el abogado de Espinoza, Luciano López, aseguró que la Policía no puede intervenir, porque se trata de una decisión administrativa de la JNJ, y todavía hay consultas y trámites pendientes presentados por la fiscal general y la Junta de Fiscales Supremos.
“La actuación del señor Ríos es muy irregular, y la Policía Nacional va a tener que asumir las responsabilidades legales de un delito que, me da la impresión, es flagrante, porque no es una autoridad judicial, y hay trámites administrativos pendientes”, declaró López en el programa Vértice.
Uno de los abogados de Benavides, Jorge del Castillo, por su parte, dijo que van “a evaluar” el pronunciamiento de la JNJ y después informarán “en qué momento” acudirán al Ministerio Público para intentar retomar el cargo.
Tras indicar que “lo ideal sería que la propia doctora Espinoza” convoque a Benavides para cumplir la resolución de la JNJ, señaló que “no quisiera ver a la Policía interviniendo, pero las normas se deben cumplir”.
La JNJ emitió su declaración en medio de la crisis que afronta el Ministerio Público peruano desde la semana pasada, cuando se conoció su resolución favorable a Benavides, que escaló este lunes cuando exigió el cumplimiento inmediato “bajo apercibimiento” de solicitar “la fuerza pública en caso de incumplimiento”.
Ante esta orden, Espinoza advirtió este martes que cualquier intervención de la Policía Nacional en el Ministerio Público sería “ilegal, ilegítima y quebrantaría el orden constitucional e institucional”.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado León Velasco, también evaluó este martes una petición de Espinoza para suspender a Benavides por 36 meses por una presunta obstrucción a la Justicia cuando era fiscal general.
Tras escuchar a las partes procesales, el juez señaló que tendrá que evaluar mucha documentación, pero ofreció emitir su fallo lo antes posible, sin fijar una fecha.
Benavides es investigada por supuestos delitos de corrupción, por los que fue destituida en diciembre 2024 y, hace una semana, tras la polémica resolución de la JNJ, intentó asumir de nuevo el cargo, sin éxito.
Luego de estos hechos, fue denunciada por Espinoza por presunta usurpación de función pública, además de acusar un intento de golpe de Estado en el Ministerio Público. EFE
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