Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, manifestó que si bien la organización respalda el espíritu general del proyecto por su potencial para fortalecer la libertad de expresión — derecho esencial en un Estado social y democrático de derecho — , advirtió que existen artículos que podrían generar efectos adversos si no son corregidos durante el proceso legislativo.
Uno de ellos es el contenido del artículo 9 del proyecto de Ley, que otorga a los medios el derecho a preservar información veraz.
Según Blanco, esta disposición abre la puerta a presiones indebidas para eliminar informaciones legítimamente publicadas, lo cual representaría un retroceso grave en las garantías al ejercicio periodístico.
“Ese artículo implica un riesgo para los periodistas que podrían verse obligados a borrar contenidos, lo que debilita su rol de fiscalización”, alertó.
Otra preocupación importante se centró en la conformación y duración del mandato del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que sustituiría a la Comisión de Espectáculos Públicos.
Participación Ciudadana considera inadecuado el plazo propuesto de dos años para sus miembros y aboga por un período de al menos cuatro años para garantizar mayor independencia y estabilidad institucional.
Asimismo, Blanco criticó el artículo 59, que permitiría a un juez suprimir del expediente judicial aquellos datos considerados difamatorios o injuriosos.
“Eso es inviable en procesos judiciales, donde por naturaleza se presentan acusaciones con datos que pueden parecer difamatorios, pero que forman parte del proceso penal. Se requiere una exención clara para estos casos”, sostuvo.
Respecto al artículo 23, que aborda la posibilidad de borrar información si se demuestra un daño cierto a la vida privada, la coordinadora sugirió incluir una excepción específica para los procesos judiciales, en tanto estos deben permanecer accesibles por su interés público.
Blanco también insistió en la necesidad de que se celebren vistas públicas para ampliar la participación ciudadana en la discusión del proyecto y para contrarrestar la desinformación que, a su juicio, ha circulado en torno al contenido de la ley.
“Esta no es una ley mordaza como algunos han querido hacer ver. Es una ley que, bien redactada, puede fortalecer el derecho a la libre expresión. Pero es fundamental que se escuche a la ciudadanía y que se eduque sobre el contenido real de esta propuesta”, subrayó.
También explicó que aunque se ha avanzado en la lectura del proyecto, hasta la fecha solo han sido leídos 11 artículos y se espera continuar con el estudio del articulado la próxima semana.
En relación al debate sobre la regulación de las redes sociales — un tema que fue retirado por el Poder Ejecutivo — , la presidenta de la comisión indicó que Participación Ciudadana expresó su desacuerdo con esa decisión y planteó que las redes deben ser reguladas.
Sin embargo, aclaró que aún la comisión no ha fijado una posición definitiva al respecto.
La senadora destacó que el proceso de análisis continuará en los próximos días y que todos los aportes recibidos están siendo documentados para ser evaluados de manera rigurosa.
“Queremos entregar este proyecto antes del cierre de la legislatura en julio, pero también entendemos que no es una ley para ‘salcochar’. Requiere tiempo, responsabilidad y una amplia consulta”, puntualizó.
Este proyecto de ley, señalado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como uno de los prioritarios a ser aprobados antes del cierre legislativo, sigue en el centro del debate público.
La participación de organizaciones como Participación Ciudadana marca un paso importante hacia una legislación más equilibrada, democrática y protectora de los derechos fundamentales.
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