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Una jueza de Boston, Massachusetts, suspendió indefinidamente el veto del presidente de EEUU, Donald Trump, a la Universidad de Harvard para que reciba estudiantes y académicos extranjeros, mientras avanza la demanda.
La jueza de distrito Allison D. Burroughs determinó que la orden de restricción temporal que emitió en mayo contra esta medida de la Casa Blanca seguirá vigente hasta que finalice el litigio legal iniciado por Harvard.
El Gobierno de Trump prohibió el mes pasado a la universidad matricular nuevos estudiantes extranjeros y obligó a los alumnos ya inscritos a trasladarse a otras universidades bajo amenaza de perder su estatus migratorio.
Específicamente, la Casa Blanca revocó la certificación de la universidad del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que le permite acoger a estudiantes y académicos internacionales.
La universidad, una de las más prestigiosas de EEUU, demandó entonces al Gobierno argumentando que su permiso para recibir extranjeros es “esencial” para que estos permanezcan legalmente en el país.
En el litigio, la entidad señaló que la revocación de este permiso ya ha “desbaratado numerosos programas académicos, laboratorios de investigación y cursos”.
En su decisión de hoy, Burroughs ordenó a la Administración Trump preparar “inmediatamente” una guía para los afectados por el veto, que afecta a una cuarta parte del estudiantado de la institución.
La orden específica de la jueza surge tras las denuncias de Harvard, presentadas ante la corte, sobre varios estudiantes que aterrizaron en Boston el 5 de junio y fueron enviados “a inspección secundaria” y “permanecieron detenidos durante muchas horas sin poder comunicarse con nadie”.
Además, el Departamento de Estado de EEUU también ordenó en mayo a todas las embajadas y consulados del país que investigaran las redes sociales de alumnos y académicos de Harvard para detectar contenido antisemita.
Anteriormente, Harvard ya había demandado en abril a la Administración republicana con el objetivo de recuperar su financiación federal, congelada por supuestas conductas antisemitas.
La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por Trump, por aplicar políticas de ‘discriminación positiva’ o por no dar cabida a lo que el Gobierno considera “diversidad de ideas”.
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