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La financiación privada que reciben partidos y candidatos dominicanos para sus campañas electorales es la más opaca de Latinoamérica, según el estudio “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes 33-18 de Partidos y 20-23 del Régimen Electoral”, presentado por Participación Ciudadana (PC).
La investigación revela que la normativa electoral vigente no incluye un régimen de consecuencias para quienes incumplan las disposiciones sobre el reporte de finanzas de campaña.
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Se advierte que esta falta de sanciones crea un ambiente de impunidad respecto a la rendición de cuentas para los candidatos e incentiva el subreporte de ingresos reales, la entrada de dinero ilícito, la subordinación de la política a intereses privados, inequidades en la competición electoral y un aumento de los costos de las campañas, más allá de los límites de gastos establecidos.
“El secretismo en torno al origen y las cantidades individuales de los fondos privados captados por los candidatos para financiar su campaña, garantiza el anonimato de los donantes, impidiendo a la sociedad civil fiscalizar el cumplimiento normativo y conocer los intereses económicos o políticos detrás de las candidaturas”, previene, a modo de guía para corregir, la encuesta realizada por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, con el patrocinio de la Unión Europea.
Añade que la falta de transparencia perjudica el objetivo de promover una decisión de voto informada en la ciudadanía y monitorear los potenciales conflictos de interés o favores hacia los financiadores de los cargos electos.
El informe dado a conocer esta semana, que incluye la opinión de 1,200 encuestados y la comparación del sistema electoral, la democracia y los partidos políticos dominicanos con los de países de Latinoamérica, analiza críticamente las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas sustanciales orientadas a fortalecer la democracia.
Destaca que, si bien la normativa electoral dominicana incorporó en su última actualización del 2023 algunos requisitos parciales, estos no se cumplen ni se aplican en la práctica.
Observa que el artículo 218 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral, exige que los partidos presenten a la Junta Central Electoral (JCE) un presupuesto general al inicio de la campaña, incluyendo, entre otros aspectos, una lista de posibles contribuyentes y una estimación de la cuantía de los fondos privados que prevén recaudar en el proceso.
Señala que este mandato legal se refiere a los partidos, por lo que implícitamente los candidatos no están obligados a facilitar a la JCE una lista de sus posibles donantes al momento de la proclamación electoral.
Además, la obligación de reportar la identidad y las cantidades de los aportes individuales que los candidatos reciben durante la campaña, no se extiende explícitamente como requisito a los informes de gastos e ingresos que la ley exige que se presenten una vez finalizada la contienda.
El diagnóstico señala que el sistema electoral de la República Dominicana produce representación parlamentaria con un marcado sesgo mayoritario bipartidista que beneficia desproporcionadamente al ganador de las elecciones y castiga severamente a terceras fuerzas políticas.
En base a datos de la JCE de los resultados de la elección a la Cámara de Diputados, en las elecciones del 2024, se muestra la relación entre votos y escaños: El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados obtuvieron un total de 2,568,543 votos, para un 60.18 % del voto, 146 escaños, igual a 76.84. La Fuerza del Pueblo (FP) y aliados 779,393 votos, un 17.84 % del sufragio, 29 escaños, para un 15.26 %.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados 75,182 votos, equivalente a un 1.76 %; un diputado, representando el 0.53 %.
El Partido Cívico Renovador (PCR) y aliados 34,774 votos, igual a un 0.8 %, lo que le dio un legislador.
“Con un 60 % del voto, el PRM y aliados logran una mayoría en la Cámara de Diputados que supera con creces la mayoría cualificada de dos tercios. Esta súper mayoría en ambas cámaras, confiere al partido de gobierno control absoluto del proceso legislativo, permitiéndole reformar la Constitución, aprobar leyes orgánicas y nombrar miembros de instituciones clave sin necesidad de consenso con otras fuerzas del arco parlamentario”, destaca el informe de Oliva Álvarez.
A modo de recomendaciones, el informe de PC establece que las reglas que rigen la elección de diputados nacionales distorsionan gravemente el fin para el que se crea un distrito electoral no territorializado: compensar las distorsiones en la representación, producidas por el efecto mayoritario en la distribución de escaños dentro de circunscripciones pequeñas, favoreciendo la proporcionalidad y la inclusión de partidos minoritarios con un apoyo significativo.
En este aspecto, los datos de PC concluyen sobre la incipiente desinstitucionalización del sistema de partidos en la República Dominicana, con factores como una política vacía de contenidos programáticos, el intercambio clientelar predominando en la relación partidos-sociedad y elementos perversos en la configuración del financiamiento público, están detrás de esta creciente desconexión entre las formaciones políticas y la ciudadanía.
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