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Santo Domingo.- La red criminal de trata de personas desarticulada con la Operación Begonias, compuesta por dominicanos y colombianos, gestionaba al menos cuatro residencias usadas como centros para albergar a mujeres colombianas, víctimas de explotación sexual para beneficio económico de la organización.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, además de estos inmuebles, los servicios sexuales de las extranjeras eran promocionados en el sitio web “Skokka”, bajo el criterio de búsqueda “colombiana saco leche”, así como en la discoteca Lekker Club, en la calle General Gilberto Montás, en San Cristóbal, donde se ofrecía una promoción llamada “Jueves de colombianas”.
Los testimonios de las víctimas de explotación sexual, recopilados durante la investigación, fueron integrados como pruebas fundamentales por el Ministerio Público para ser presentadas en la audiencia de solicitud de medida de coerción, celebrada en la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, contra los implicados en esta estructura criminal.
Será entonces el juez o la jueza quien determinará si impone la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva y declara el proceso como complejo, tal como ha solicitado el órgano acusador, fundamentado en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y lavado de activos.
Los imputados en el caso Begonias son: los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo), y los ciudadanos colombianos Karen Juliana Chía Gélvez (Nana, Naye o la Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
Las investigaciones señalan que esta red de trata de personas logró mantener sus operaciones ilícitas a través del pago de sobornos a agentes policiales del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han identificado a los oficiales que recibían dinero a cambio de dar protección a la organización criminal y permitir el abuso constante de las víctimas.
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