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Las denuncias de mutilaciones consentidas por autoridades menores, de invasiones ilícitas por agricultores itinerantes, de haitianos acampando nuevamente en Los Haitises; y de extracciones de materiales de los ríos a plena luz del día desde hace años, revelan, en primer lugar, una notoria falta de recursos y personal cualificado al servicio de esa causa. Muestra palpable a la vista de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y sus alrededores: sus dos ríos contaminados siguen siendo el destino de toneladas de desechos sólidos y líquidos. Hacia el Ozama persiste el lanzamiento masivo de basura desde sus pobladas orillas de más de 15 kilómetros de extensión a ambos lados; mientras el envenenamiento de sus aguas y las de su afluente La Isabela corre por cuenta de vertidos procedentes de industrias de otras zonas, evadiendo plantas de tratamiento inexistentes o fuera de servicio. Está también el vertedero de Duquesa que contamina profundamente el subsuelo. Las derivaciones líquidas de la descomposición de desperdicios que allí van a parar viajan hasta las corrientes fluviales. No se ha concretado aquí una protección integral de las reservas boscosas en la que participen las comunidades que actualmente impactan negativamente la naturaleza habitándola.
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El país avanzó efectivamente hacia crear un tratamiento amigable y sostenible de sus áreas vírgenes con la creación de 132 áreas protegidas que cubren el 25.6% del territorio nacional y el 10.8% de la superficie marina pero no pocas de ellas existen solo en el papel. Y así seguirán a menos que se adopte con urgencia un nuevo modelo conservacionista para sustituir el actual. De una reciente conferencia con importante participación de la comunidad científica nacional celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo surgió un llamado a aunar esfuerzos sectoriales para asegurar la protección de los recursos naturales como base para el bienestar colectivo. Se está ante un peligro real expresado por organismos especializados que ven países amenazados, incluyendo RD, por una creciente pérdida de biodiversidad en perjuicio de la seguridad alimentaria, la salud humana y la estabilidad económica atacadas además por el cambio climático.
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