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Los congresistas dominicanos fueron quienes más vehículos sin impuestos trajeron, así como los montos más altos en impuestos que dejaron de ingresar.
Los congresistas dominicanos no son los únicos que se benefician trayendo vehículos sin pagar impuestos. No obstante, a diferencia de otros sectores, son quienes evitan que ingrese la mayor cantidad de dinero a las arcas estatales.
Las quejas y excusas de los legisladores son evidentes cada vez que se aborda el tema: Desde “no somos los únicos en recibir exoneraciones” pasando por “no deberíamos tener estos privilegios” hasta “someteremos un proyecto de ley para cambiar esta disposición”. Cada una de estas declaraciones, y otras similares, han sido escuchadas en boca de un congresista dominicano, según registros periodísticos de diversos momentos. Asimismo, sin importar el partido político o línea ideológica, una gran mayoría de ellos se acoge a las exoneraciones.
La prueba contundente reside en una base de datos con todas las exoneraciones recibidas por congresistas durante el período 2020-2024, analizada por este medio, la cual muestra que al menos 197 personas o entidades, entre nombres de legisladores y “dealers” de vehículos que fueron utilizados por estos, se beneficiaron de este privilegio.
A esto se suma que el análisis de la base de datos proporcionada por la Dirección General de Aduanas (DGA) reveló que más de la mitad del monto total de dinero que dejó de percibir el Estado Dominicano por exoneraciones vehiculares corresponde solo a los vehículos traídos por los congresistas dominicanos, quienes durante el período legislativo señalado evitaron el ingreso de aproximadamente RD$2,195,437,770 a las arcas del país, al adquirir unos 473 automóviles.
El elevado monto, pese a ser solo 473 vehículos, se debe en gran medida a las marcas y modelos preferidos por los legisladores, siendo 9 de cada 10 “marcas de lujo” con valores entre 60 mil y 600 mil dólares, los cuales le costaron al Estado, según cálculos, una media de RD$4,641,593 por automóvil exonerado.
Otro aspecto es que la legislación que permite las exoneraciones a los congresistas no les otorga ningún límite en cuanto al costo total del vehículo, exonerando cualquier tipo de impuesto al momento de su llegada al país. La única “traba” que tienen los diputados y senadores dominicanos es el traspaso de nombre, impidiendo hacerlo de inmediato.
Previamente a cualquier límite, existía la Ley 21-87 del 9 de marzo de 1987, la cual establecía un monto máximo de 18 mil dólares para importar un vehículo del extranjero libre de impuestos para los congresistas. Sin embargo, los presidentes de ambas cámaras legislativas en el año 1996, Héctor Rafael Peguero Méndez (Cámara de Diputados) y Amable Aristy Castro (Senado), impulsaron la “renovación” de esta legislación.
Como parte de su justificación, la pieza consideraba: “Que los automóviles han experimentado un considerable aumento de precio en el extranjero, como consecuencia de la inflación y la crisis energética que se está afrontando en el mundo, al punto de que con US$18,000.00 solo puede adquirirse un vehículo usado y de dudosas condiciones de seguridad” así como que “la investidura de un legislador de la República, representante del primer poder del Estado, conlleva una alta representatividad a la par con países amigos”.
Haciendo uso de estos argumentos, se modificó la ley y se eliminó cualquier tipo de limitación: “Cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindrada, CIF, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc., así como también cualquier restricción o prohibición existente”.
La pieza legislativa solo dejó una limitación en lo concerniente al traspaso de vehículos, impidiendo que cambie de dueño “si no después de un período de dos años de haber sido importado”.
Durante años se ha debatido la posibilidad de modificar la legislación. Sin embargo, son los propios legisladores, quienes reciben este beneficio, los encargados de decidir si la cambian y se quedan sin este privilegio.
Varios diputados y senadores durante estos cuatro años han propuesto iniciativas para modificar la legislación, estableciendo un límite o asignando a alguna entidad del Estado para que les proporcione un vehículo durante su tiempo como congresistas, pero ninguna ha prosperado. Las dos últimas piezas presentadas con este fin al Senado de la República no fueron siquiera estudiadas por la comisión encargada de su análisis.
A través de una solicitud de acceso a la información pública realizada a la Dirección General de Aduanas (DGA) obtuvimos una base de datos que contiene todos los detalles sobre las importaciones de vehículos al país que aplicaban para alguna exención fiscal.
Depuramos, organizamos, extrajimos y analizamos todos los datos que contenía el conjunto de datos, permitiendo luego encontrar esta y el resto de las historias que agrupan esta serie de trabajos.
Si desea acceder a la base de datos completa, puede hacer clic aquí o escribir a nuestro periodista de datos paul.mathiasen@listindiario.com para cualquier información relacionada.
En caso de que desee manipular los datos o realizar búsquedas más precisas, recomendamos descargar el archivo y abrirlo con un programa compatible.
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