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Santo Domingo.- Decenas de organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el proyecto de Código Penal del senador Rogelio Genao, el cual está siendo utilizado por la comisión bicameral, favorece la impunidad. Esto, al limitar el plazo para perseguir delitos de corrupción a 20 años, eximiendo de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos e iglesias, y creando tribunales especiales para que los militares se juzguen entre ellos.
“Este proyecto ha sido ampliamente criticado en otras ocasiones. Los legisladores han tenido tiempo suficiente para incluir las demandas de la ciudadanía y, por alguna razón, siguen optando por proteger la impunidad”, advirtieron.
Las organizaciones recomendaron a la comisión que, para avanzar con celeridad y evitar las mismas críticas del pasado, trabaje sobre el proyecto del senador Antonio Taveras Guzmán, que sí cierra las puertas a la impunidad y garantiza mayor protección a las familias dominicanas.
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La entidad recuerda que en 2024 se intentó aprobar el proyecto de Código Penal de Rogelio Genao, que protegía la corrupción y desprotegía los derechos de mujeres, niños y niñas, y las poblaciones más vulnerables del país. En ese sentido, juristas, expertas y expertos en distintas áreas, organizaciones sociales, y ciudadanos expresaron su rechazo en las vistas públicas realizadas en el Congreso y a través de diversos medios de comunicación.
A raíz de este rechazo se articuló el movimiento por Un Mejor Código Penal, para exigir al Congreso incorporar las demandas de la ciudadanía. El senador Antonio Taveras, con la intención de avanzar en la aprobación de la mejor versión posible de Código Penal, desarrolló, junto a un equipo de juristas de alto nivel, un proyecto de ley que respondía a estas preocupaciones.
El texto del proyecto de ley sometido por el senador de la provincia de Santo Domingo contempla reformas clave, como la tipificación de delitos modernos – fraude digital, ciberacoso, crímenes ambientales – y establece medidas contundentes contra la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado, añade la nota de prensa. También incluye, tres excepciones o causales a la penalización del aborto: cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, y en casos de malformación fetal incompatible con la vida, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir en contextos extremos.
“El PRM y el presidente Luis Abinader tienen la oportunidad de aprobar el Código Penal que merece y exige la sociedad dominicana, uno que enfrente la corrupción y la impunidad, y proteja a las familias dominicanas. En sus manos está, esperamos que tomen la decisión correcta”, sostuvieron.
Entre las organizaciones se encuentra la Red Urbano Popular, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Coalición Podemos, Alianza Cristiana Dominicana, Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Asociación de Trabajadoras del Hogar (AATH), CIPAF, Católicas por el Derecho a Decidir, Tertulia Feminista Sur, Foro Feminista Magaly Pineda, Profamilia, y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, que articula decenas de organizaciones en todo el territorio nacional.
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