Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Previamente en Mediaset Italia. Contacto: [email protected]
El juez Juan Carlos Peinado inicia la ofensiva contra las difamaciones vertidas sobre él este último año, a raíz de acaparar el foco mediático por desempeñar su labor y dirigir la investigación sobre Begoña Gómez. La primera demanda es contra el tertuliano Máximo Pradera por sus ataques al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. El instructor considera que se ha dañado su honor.
Fuentes judiciales confirman que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón ya está tramitando la demanda. Al no haber habido defectos formales, se ha admitido a trámite. Las mencionadas fuentes precisan que las diligencias corresponden al número 546/25.
El juez Juan Carlos Peinado lleva meses soportando ataques a raíz de asumir la investigación sobre la esposa del presidente. Se han cuestionado sus decisiones judiciales, se ha investigado a su entorno e incluso miembros del Gobierno han llegado a criticarle.
Máximo Pradera se ha sumado a esta campaña de desprestigio llegando a solicitar que algún tribunal pusiera límites al juez Peinado. Le ha acusado de alimentar la máquina del fango, asumiendo el argumentario de Moncloa, que considera que la corrupción de la izquierda investigada en los tribunales a través de distintos jueces es una campaña del PP.
El tertuliano también ha utilizado sus redes sociales para atacar al juez Peinado. Se dirige a él de forma despectiva llamándole “Peinetas” y critica muchas de las resoluciones judiciales que acuerda en el caso Begoña Gómez. También se hizo eco de bulos contra él, como el difundido por El Plural, en el que se llegó a publicar que tenía dos DNI.
El juez Peinado ha decidido interponer una demanda por intromisión al honor que busca proteger la buena reputación y la imagen pública de una persona ante expresiones o actos que la desacrediten injustamente. Se trata de un proceso legal que busca la reparación de los daños causados y la protección de este derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
Para interponer dicha querella, el juez Peinado ha contratado un despacho de abogados especializado en temas de honor. Misma estrategia también han seguido Alberto González Amador, pareja de Ayuso, o el Rey emérito, Juan Carlos I.
En el caso de González Amador interpuso demandas de conciliación contra varios miembros del Gobierno que le llamaron delincuente pese a no haber sido juzgado. Por su parte, Juan Carlos I demandó a Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, también por difamaciones.
Máximo Pradera, a pesar de no formar parte del procedimiento, decidió querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado y el responsable de comunicación de los juzgados de Madrid. Lo hizo acusándoles de un presunto delito de revelación de secretos.
El tertuliano denunciaba que se hubiese dado a conocer a los medios de comunicación, a través del gabinete de prensa de los tribunales madrileños, la decisión del juez Peinado de investigar a Begoña Gómez, así como de declarar secreta la investigación. La apertura de la investigación se publicó en los medios de comunicación antes de que los servicios de prensa enviaran nada a los periodistas.
La Fiscalía de Madrid rechazó investigar al juez Peinado. El Ministerio Público solicitó que no se admitiera a trámite, puesto que la querella de Pradera “no aportaba prueba alguna” contra el magistrado.
Siguiendo esta misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) también se opuso a estudiar la querella al considerar que no había indicios de que se hubiese cometido delito alguno por parte de Peinado.
La Sala concluyó que las resoluciones judiciales dictadas no vulneran el secreto de las actuaciones, sino que permitieron a la Fiscalía, la defensa y el resto de acusaciones tener conocimiento de las diligencias.
Los magistrados también fundamentaron su decisión en el derecho a la información. Para el tribunal, “comunicar, simplemente, que se sigue un proceso penal sin los citados datos dejaría vacía dicha naturaleza pública del proceso, especialmente cuando colisiona con el derecho a la información, constitucionalmente reconocido”.
Tribunales superiores también han tumbado el resto de querellas que se interpusieron contra el juez Peinado. El propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa fueron contra él. Todas estas peticiones han sido desestimadas.
Agregar Comentario