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Tucson, Arizona. – Con la meta de detener el flujo creciente de fentanilo hacia las comunidades estadounidenses, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, y el republicano por Florida, Rick Scott, presentaron este lunes el proyecto de ley bipartidista CHECKPOINT Act, una iniciativa que busca modernizar y reforzar las operaciones en los puestos fronterizos de la Patrulla Fronteriza.
La legislación, formalmente llamada Continuing High-Quality Evaluations of Concerning and Known Persons of Interest through National Training Updates (Checkpoint) Act, propone oficializar la Oficina de Gestión del Programa de Puestos de Control, entidad responsable de supervisar el desempeño, la recolección de datos y la coordinación interinstitucional en estos puestos de revisión.
“El fentanilo está inundando nuestra frontera y envenenando a las comunidades de Arizona. Los agentes de la Patrulla Fronteriza están en la primera línea de esta crisis, y debemos asegurarnos de que tengan las herramientas y la capacitación necesarias para hacer su trabajo de manera efectiva”, declaró Gallego al presentar la propuesta.
Por su parte, el senador Scott afirmó que esta ley apoyará los avances logrados durante la administración Trump en materia de seguridad fronteriza: “Esta legislación proporcionará herramientas, capacitación y recursos para que los agentes puedan responder a los desafíos diarios que enfrentan. Se trata de proteger vidas estadounidenses”.
El proyecto de ley contempla:
La presentación de la propuesta de ley CHECKPOINT Act se da en un contexto de creciente preocupación nacional por las muertes causadas por el fentanilo, droga que según las autoridades federales suele ingresar al país a través de cruces fronterizos oficiales y puestos de control en carreteras del suroeste del país.
Se espera que el proyecto reciba apoyo de ambos partidos, en medio del debate sobre cómo abordar la seguridad fronteriza sin criminalizar a las comunidades migrantes.
En medio del debate nacional sobre la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas, los puntos de revisión internos de la Patrulla Fronteriza — conocidos en inglés como checkpoints — han vuelto al centro de la conversación política. Solo en Arizona existen al menos 11 puntos de control permanentes, operados principalmente en el sector de Tucson, una de las regiones más transitadas por migrantes, contrabando y tráfico de fentanilo.
Estos retenes no están ubicados directamente en la frontera, sino a decenas de millas tierra adentro, en carreteras estatales y federales por donde transitan miles de vehículos diariamente. Su objetivo es interceptar drogas, armas, dinero y personas que hayan cruzado la frontera de forma irregular.
Las ubicaciones más conocidas incluyen las autopistas I‑19, AZ‑86, AZ‑90, AZ‑80, AZ‑286, AZ‑83 y la US 95, entre otras. Muchos de estos retenes son visibles a lo largo de los caminos del sur de Arizona, como el que se encuentra al norte de Tubac, o los establecidos en las salidas de Sierra Vista, Douglas y Ajo.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los agentes en estos puestos son responsables de una parte importante de las incautaciones de fentanilo en el estado. Sin embargo, activistas y residentes locales han expresado preocupaciones constantes sobre el perfil racial, la vigilancia excesiva y el impacto de estos retenes en comunidades rurales y fronterizas.
En algunas zonas, como Cochise County, los checkpoints han sido desactivados temporalmente o convertidos en estructuras móviles, debido a recortes presupuestarios o cambios operativos. Aun así, el número oficial de estaciones permanentes se mantiene en once, bajo la supervisión del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, el más activo del país en términos de aprehensiones.
La presentación reciente del proyecto de ley CHECKPOINT Act por los senadores Gallego y Scott podría cambiar la forma en que estos retenes operan. La propuesta busca modernizar la tecnología de vigilancia, mejorar la recolección de datos y ofrecer una supervisión más rigurosa de su funcionamiento.
Para muchos residentes del sur de Arizona, estos puntos de control representan una mezcla de seguridad e incomodidad. Para algunos, son una barrera contra el crimen organizado; para otros, una fuente de tensión cotidiana en una región donde la vida y la frontera están profundamente entrelazadas.
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