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Protestas en EE.UU. tras redadas migratorias en California desatan roces entre autoridades locales y el gobierno de Donald Trump, quien desplegó a la Guardia Nacional y amenazó con arrestar al gobernador Newsom por oponerse a las medidas.
El fin de semana, Estados Unidos vivió jornadas de movilización ciudadana marcadas por una creciente tensión social. En California, las redadas migratorias ejecutadas por el gobierno federal desataron una ola de protestas, represión policial y un inédito despliegue de la Guardia Nacional, desafiando incluso la autoridad del Estado.
Desde la llegada de Donald Trump al poder, los operativos migratorios se han vuelto una constante, pero en las últimas semanas se han intensificado considerablemente. La situación alcanzó un punto crítico el pasado viernes 6 de junio, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una nueva y masiva oleada de redadas en negocios del área de Los Ángeles. Esta acción, enmarcada en la línea dura de la política migratoria del presidente, desató una fuerte ola de indignación ciudadana que rápidamente se tradujo en protestas y enfrentamientos.
Según reportes, al menos 45 personas fueron detenidas durante estos operativos sin órdenes judiciales, aunque el Departamento de Seguridad Interior solo entregó información pública sobre seis inmigrantes arrestados. Las imágenes que circularon por redes sociales mostraban a agentes del ICE descendiendo de vehículos y obligando a las personas a subir apresuradamente, mientras amigos, familiares y personas que estaban pasando por el lugar intentaban, desesperados, entender lo que ocurría y detener a los agentes. Esa escena fue la chispa inicial de las manifestaciones.
Durante todo el fin de semana, las calles de Los Ángeles fueron escenario de intensas protestas. Manifestantes denunciaban las redadas y las detenciones arbitrarias, mientras se registraban violentos enfrentamientos con la policía. Así, el sábado, el presidente Trump ordenó el despliegue de más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en California. Las tropas, pertenecientes en su mayoría a la 79ª Brigada de Infantería, se desplegaron en el área metropolitana de Los Ángeles.
En palabras del presidente Trump, se trata de garantizar “una ley y un orden muy fuertes”. Aseguró que no permitirá que “gente violenta se salga con la suya”, y añadió que podría extender el despliegue militar a otras ciudades. “Una ciudad estadounidense que una vez fue una gran ciudad, Los Ángeles, ha sido invadida y ocupada por inmigrantes indocumentados y criminales”, declaró el mandatario el domingo 8 de junio. Además, instruyó a su gabinete a “liberar” la ciudad de lo que él calificó como una “invasión migratoria”.
Estas declaraciones fueron duramente criticadas por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó el despliegue como “pura teatralidad” y advirtió que solo contribuiría a escalar la tensión. A lo que Trump respondió llamando Gavin Newscum (un juego de palabras con su apellido para llamarlo basura, mientras cuestionaba la autoridad del gobernador).
El presidente Donald Trump elevó aún más la tensión al declarar este lunes que, si él fuera Tom Homan, el llamado “zar de la frontera” y encargado de la política migratoria de su gobierno, arrestaría al gobernador Gavin Newsom por su gestión de las protestas en Los Ángeles. “Si yo fuera Tom, lo haría (…) A Gavin le gusta la publicidad”, dijo el mandatario al ser consultado por la prensa. “Me cae bien Gavin Newsom; es buena persona, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe”, añadió.
Trump también arremetió contra los manifestantes, a quienes calificó de “agitadores profesionales e insurrectos”, y aseguró que “deberían estar en la cárcel”. Estas declaraciones se dieron en medio del cruce entre la Casa Blanca y el gobierno de California por el despliegue de la Guardia Nacional, medida impuesta por Trump y rechazada por las autoridades locales.
El propio Tom Homan había señalado el domingo que tanto el gobernador como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados por supuestamente obstaculizar la aplicación de la ley. Newsom respondió desafiante: “Tom, arréstame”. Si bien Homan aclaró este lunes que no existen planes reales para proceder con arrestos, sí advirtió que la administración no tolerará que se interfiera con las acciones federales en materia migratoria.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, preguntó un residente de Paramount, una localidad de mayoría latina en Los Ángeles, a los soldados de la Guardia Nacional. Desde el otro lado de la verja, los observaba un contingente fuertemente armado, impasible.
Paramount, con más del 80% de su población de origen latino y donde el 36% de los residentes nacieron fuera de Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo del rechazo a las políticas migratorias del gobierno federal. En redes sociales, el gobernador Newsom hizo un llamado a la calma: “No le den a Donald Trump lo que quiere. Alcen la voz. Mantengan la paz”.
El gobernador formalizó una solicitud para que la administración federal anule el despliegue de tropas en Los Ángeles y devuelva el mando de la Guardia Nacional al estado. Esta posición fue respaldada por al menos 22 gobernadores demócratas, quienes consideraron el despliegue como un “alarmante abuso de poder”.
En paralelo, las protestas se multiplicaron. El centro de Los Ángeles vivió una jornada particularmente intensa el domingo, con manifestantes bloqueando accesos viales y enfrentándose a la policía en las autopistas 101 y 110. La Policía de Los Ángeles declaró ilegales las asambleas y arrestó a decenas de personas. Se registraron incidentes como quema de vehículos, disparos de gas lacrimógeno y uso de granadas aturdidoras. La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, condenó el uso de fuerza militar y lo calificó como un “caos intencional”.
“No necesitamos tener nuestra ciudad bajo sitio”, declaró Bass, asegurando que había comunicado a la administración Trump que la situación estaba bajo control.
Los disturbios también se extendieron a San Francisco, donde al menos 60 personas, incluidos menores de edad, fueron detenidas tras una protesta frente al edificio del ICE. En total, solo el domingo, se contabilizaron 27 arrestos en Los Ángeles.
La jornada de hoy se anticipa igualmente intensa. Desde las 11 de la mañana, hora del Pacífico, se ha llevado a cabo una huelga estudiantil frente al edificio federal del centro de Los Ángeles en rechazo a las redadas y al despliegue de la Guardia Nacional. Al mediodía, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) encabeza una protesta pacífica exigiendo el fin de las operaciones del ICE.
También se ha convocado una conferencia de prensa en el distrito de moda de Los Ángeles, donde diversas organizaciones denunciarán las redadas que arrancaron a trabajadores migrantes de sus comunidades.
A las 3 de la tarde, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se reunirá para abordar los impactos de estos operativos migratorios. El superintendente Alberto Carvalho denunció que las redadas están causando “miedo, confusión y trauma innecesarios” entre los estudiantes y sus familias.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum también alzó la voz, criticando las redadas migratorias y el uso de la Guardia Nacional. “El fenómeno migratorio no se resolverá con redadas ni violencia, sino sentándonos a trabajar en una reforma integral”, declaró.
Mientras tanto, el presidente Trump sigue firme en su propósito de deportar a un número récord de personas, incluso estableciendo la meta de realizar al menos 3.000 arrestos diarios por parte del ICE. Sin embargo, esta ofensiva ha afectado a residentes legales, lo que ha generado múltiples desafíos legales y fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.
Sin embargo, hay una nueva arista que se ha abierto a raíz de estas protestas y es el enfrentamiento entre el gobierno federal y la autonomía de los estados. Se trata de la primera vez en 60 años que el gobierno federal autoriza el despliegue de la guardia nacional sin la aprobación del gobernador, una facultad que está de hecho dada para que sean los gobernadores quienes determinen esta decisión.
Así, Estados Unidos vive días de tensión creciente, con una ciudadanía movilizada, autoridades locales enfrentadas al gobierno federal, y una política migratoria que pone en jaque tanto los derechos humanos como la estabilidad social.
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