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Las irregularidades, reales o supuestas, detectadas en numerosas instituciones que gestionan fondos públicos destinados al desarrollo del deporte, siguen afectando negativamente. Esto genera desconfianza en los contribuyentes sobre la honestidad, ética e integridad de los líderes deportivos nacionales.
Cada vez que se destapan escándalos de malversación o desvío de fondos en estas instituciones, el deporte en general sufre un duro golpe.
A pesar de las muchas denuncias presentadas, algunas incluso ante la justicia ordinaria, hasta la fecha no se han resuelto.
Es lamentable que la justicia haya hecho “oídos sordos”, ya que estos casos deberían ser prioritarios, pues en ellos está en juego el futuro de miles de jóvenes deportistas.
Si estas anomalías han ocurrido, los principales responsables, e incluso cómplices, son los dirigentes que ostentan la autoridad otorgada por los reglamentos y estatutos de los organismos deportivos, con potestad para aplicar sanciones ejemplares.
Aunque no directamente, la prensa deportiva ha mostrado poco interés en estos casos, y la mayoría de las denuncias se divulgan a través de medios ajenos al ámbito deportivo.
La sociedad dominicana ha sido tradicionalmente tolerante con estos asuntos, pero es hora de iniciar una lucha firme y constante contra todo lo mal hecho.
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