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EE.UU. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este martes su “preocupación” por una reforma en Puebla, estado del centro de México, que penaliza con hasta tres años de cárcel el “ciberasedio”, lo que “podría devenir en censura encubierta” y “castigar críticas molestas”, según la organización.
La entidad, con sede en Miami, alertó en un comunicado que se “limitaría severamente la libertad de expresión en entornos digitales” con la modificación del Código Penal de Puebla, el quinto estado más poblado de México con más de 6,5 millones de habitantes.
La medida, ya en vigor, crea el delito de “ciberasedio” para “quien, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un perjuicio”.
Además, autoriza a empresas y plataformas a suprimir contenidos tras una simple solicitud, sin intervención judicial ni revisión independiente.
Esto crearía una “vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas”, según los críticos de la reforma citados por la SIP.
“Lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, perjudicando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Ante la polémica, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prometió llevar a cabo foros para revisar la medida, pero la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa, del mismo partido, ha advertido a los medios que no derogará la reforma.
La iniciativa suscita preocupación particular en México, que en 2024 fue el país de Latinoamérica en el que asesinaron más periodistas, cinco, y desde hace años es una de las 10 naciones más peligrosas para el sector, según el último informe del Comité de Protección para Periodistas (CPJ).
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que “esta ley corre el peligro de institucionalizar la censura a petición” y “sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible”.
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