Texas endurece su política antiinmigración con una ley que requiere la cooperación de los alguaciles

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Texas ultima la Ley Senatorial 8 (SB-8) que habilitará a la mayoría de los alguaciles a indagar sobre el estatus migratorio bajo acuerdos con el ICE. Texas se apresta a intensificar su política antimigrante con una propuesta legislativa que facultará a la mayor parte de los alguaciles a cuestionar el estatus migratorio de individuos, en el marco de convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8) requeriría, asimismo, a los departamentos de alguaciles que brindan servicios de encarcelamiento al ICE, que suscriban acuerdos con la agencia migratoria.

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Por lo menos 234 de los 254 condados del estado estarían obligados a firmar los pactos con ICE, que darían permiso a los alguaciles para inquirir sobre la situación legal de los detenidos, según datos citados por el diario The Texas Tribune. La medida, aprobada este domingo por los republicanos, quienes dominan ambas cámaras de la Legislatura, pasó al despacho del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se presume la firmará.

Sin embargo, la SB-8 ha provocado críticas por parte de los defensores de los derechos civiles y de legisladores demócratas. “La SB-8 no incrementará la seguridad de nuestras comunidades, pero forzará a los alguaciles a hacer el trabajo del ICE en apoyo a los indignos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”, expresó en un comunicado Sarah Cruz, estratega de políticas y defensora de los derechos fronterizos y de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU). El proyecto también “desviará los limitados recursos” de las fuerzas del orden, fomentará la discriminación racial y relevará a las víctimas y testigos de delitos a la sombra, añadió la activista.

Un análisis reciente del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) demostró que las políticas de control migratorio implementadas por el gobernador Abbott durante los últimos cuatro años pavimentaron el camino para la actual política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.