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NASHVILLE, Tennessee, EE. UU. — Una jueza federal en Tennessee tiene previsto ordenar la puesta en libertad de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño cuya deportación equivocada a su país se ha convertido en un asunto candente en la campaña del presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración, mientras aguarda un juicio federal por cargos de tráfico de personas.
Pero no se espera que Ábrego García quede en libertad, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) seguramente lo detendrá e incluso podría intentar deportarlo.
En un fallo el domingo, la jueza federal de primera instancia Barbara Holmes rechazó la petición del gobierno de Estados Unidos de mantener a Ábrego García en detención preventiva antes de su juicio. Fijó una audiencia para el miércoles para examinar las condiciones de su liberación.
El gobierno federal ya presentó una moción para apelar la decisión de la jueza y le está pidiendo que suspenda su inminente orden de liberación.
Ábrego García se declaró inocente el 13 de junio de cargos de tráfico de personas, que según sus abogados son un intento de justificar su deportación errónea en marzo a una notoria prisión en El Salvador. Esa audiencia fue la primera oportunidad que el trabajador de la construcción de Maryland tuvo en un tribunal estadounidense para responder a las acusaciones del gobierno de Trump.
Los cargos de tráfico se derivan de un control de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee, durante el cual Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros. Aunque los agentes sospecharon que podría tratarse de tráfico, se le permitió continuar su viaje y solo recibió una advertencia.
Una acusación federal imputa a Ábrego García por traficar a lo largo y ancho de Estados Unidos a cientos de personas que viven en el país sin autorización, incluyendo niños y miembros de la violenta pandilla MS-13. La investigación se inició semanas después de que la Corte Suprema ordenara al gobierno facilitar su regreso desde El Salvador, en medio de una creciente presión pública.
Holmes reconoció en su fallo del domingo que determinar si Ábrego García debería ser liberado es “poco más que un ejercicio académico”, porque es probable que el ICE lo detenga. Pero la jueza escribió que el gobierno no logró demostrar que existiera riesgo de que él se diera a la fuga, que representara un peligro para la comunidad ni que interferiría con los procedimientos si fuera liberado.
“En general, el Tribunal no puede concluir a partir de la evidencia presentada que la liberación de Ábrego representa de manera clara y convincente un peligro irremediable para otras personas ni para la comunidad”, escribió la jueza.
El fiscal federal interino para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, argumentó el 13 de junio que la probable intención del ICE de intentar deportarlo era una razón para mantenerlo en la cárcel.
La jueza planteó entonces que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional podrían resolver entre ellos si la prioridad del gobierno es juzgarlo por los cargos penales o deportarlo. No se ha fijado una fecha para el juicio.
Una orden de un juez de inmigración de 2019 impide que Ábrego García sea deportado a El Salvador porque allí enfrenta una amenaza creíble por parte de pandillas, según Will Allensworth, un defensor público federal adjunto que lo representa.
El gobierno podría deportarlo a un tercer país, pero primero los funcionarios de inmigración tendrían que demostrar que ese tercer país está dispuesto a que se quede allí y no simplemente deportarlo de regreso a El Salvador, agregó Allensworth.
En la audiencia de detención, McGuire dijo que testigos cooperantes han acusado a Ábrego García de traficar drogas y armas de fuego, y de abusar de mujeres que transportaba, entre otras afirmaciones. Aunque no está acusado de tales delitos, McGuire indicó que mostraban que Ábrego García era una persona peligrosa que debería permanecer en la cárcel antes del juicio.
La mayoría de las personas bajo custodia del ICE que enfrentan cargos penales no son mantenidas en Estados Unidos para ser juzgadas, sino deportadas, según César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio. El gobierno no necesitaría una declaración de culpabilidad para deportar a Ábrego García, ya que llegó al país ilegalmente.
Sin embargo, sea cual sea la decisión de un juez de inmigración, puede ser apelada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, observó García Hernández. Y luego el fallo de la junta puede ser impugnado en un tribunal federal de apelaciones.
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