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Las diputadas Tayluma Calderón (FP) y Margarita Tejada de la Rosa (PRM) plantean un sistema público de reparto con una cotización del 10.01% mensual para el fondo de pensión. A los 55 años otorgaría una pensión del 70% con solo 20 años de aportes, o el 75% con 20 años de aportes y 60 años. La pensión subiría al 80% con 25 años de aportes y 60 años; al 90% con 30 años y 60 años; y al 100% con 35 años de aportes, sin importar la edad. Para el 2035 se asume una esperanza de vida de 77 años más 3 años de sobrevivencia pagando el 70% de la pensión del titular.
Se estima en 37,000 el salario promedio real (libre de inflación) con un aumento anual del 1.0%. En 20 años el afiliado promedio aportaría 948,314. Si esos recursos se ahorraran y se capitalizaran, además, acumularían intereses por 845,970 durante los años activos y pasivos, al 5 % real anual. El gran total acumulado de este trabajador promedio ascendería a 1,794,284 pesos reales, sin inflación, como resume el cuadro.
Este afiliado promedio se jubilaría a los 55 años por lo que disfrutaría de una pensión del 70% por 23 años promedio, tres años más que sus años de aportes. Y su cónyuge recibiría una pensión de sobrevivencia del 49% (70% del 70%), durante otros 3 años promedio. La pensión total ascendería a 9,803,1164, arrojando un déficit de 8,008,880. Este afiliado típico recibiría 5.5 veces más que el total de lo aportado y acumulado de por vida.
En todos los casos, el saldo financiero sería negativo e insostenible. Por ejemplo, arrojaría un déficit de 6,712,484 para cada afiliado con 25 años de aporte y de 7,055,937 con 30 años de cotización. Esta propuesta es similar a la que aprobó la anterior Comisión Bicameral hace un año y que fue desestimada.
Pero esos resultados objetivos y comprobables solo serían válidos para la primera etapa del sistema público de reparto. Más adelante, en su etapa de madurez, las cotizaciones son empleadas para pagar las pensiones perdiendo gradualmente la capacidad de ahorro, inversión y acumulación, un proceso regresivo equivalente a “matar la gallina de los huevos de oro”.
Obviamente, esta propuesta resulta totalmente inviable e insostenible porque tiene un desequilibrio actuarial y financiero de origen. Carece de la correspondencia necesaria: 1) entre el tiempo de aporte (20 años) y el tiempo promedio de jubilación (23 años); y 2) entre el porcentaje de cotización (9.97%) y la tasa de reemplazo 70/80/100%. Mientras el mundo avanza hacia la extensión de los años de aportes de acuerdo a la longevidad, esta propuesta intenta empujar al país en la dirección contraria.
Estamos frente a un tradicional modelo de reparto público que maximiza los beneficios y minimiza las aportaciones, omitiendo presentar los cálculos financieros y actuariales que demuestren su viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo, ignorando y ocultando las consecuencias financieras, fiscales e impositivas para el Estado y los contribuyentes.
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El 1,794,284.06 acumulado se habrá agotado totalmente en mayo del quinto año, obligando a tomar el aporte mensual de 8.33 cotizantes con salarios promedios, o sus equivalentes, para pagar las pensiones vigentes. Esta acción va reduciendo progresivamente la capacidad de ahorro y capitalización de los trabajadores, “matando la gallina de los huevos de oro”.
Es cuestión de tiempo para que este desequilibrio mayúsculo obligue a restablecer el equilibrio, ya sea reduciendo las pensiones y/o elevando los aportes, o a una combinación de ambos. La férrea resistencia obrero patronal no se hace esperar, cuyas implicaciones políticas terminarían ejerciendo una creciente presión y deuda fiscal, penalizando a los contribuyentes y a la mayoría de las empresas.
El sistema entraría en una etapa de desequilibrio imparable, cuyos ajustes resultarían cada vez más costosos para los trabajadores, empleadores. contribuyentes y el país. Ahí están los ejemplos de España y Francia, entre muchos otros.
La experiencia mundial demuestra que los países con mejores pensiones son aquellos que han logrado: 1) elevar sustancialmente las aportaciones 2) extender los años de aportes según el aumento de la esperanza de vida 3) potenciar la capacidad de ahorro, inversión y acumulación 4) calcular la tasa de reemplazo como promedio de los últimos cinco a diez años de salario; y 5) reducir el costo de administración del sistema. Sólo las reformas orientadas en esa dirección están llamadas a elevar la protección social de los envejecientes.
La longevidad, el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial han puesto en jaque a los sistemas previsionales. Ya no es posible asegurar una vejez digna con ahorros marginales. Ningún sistema será sostenible sin capitalizar el ahorro. La falta de sostenibilidad tiene un alto costo fiscal para los contribuyentes. En materia previsional, el enfoque de largo plazo resulta imprescindible. Toda propuesta previsional debe sustentarse en cálculos actuariales. Es imprescindible desideologizar el debate previsional.
La buena noticia aquí es que una de las propuestas plantea una solución que debe ser debidamente ponderada porque elevaría sustancialmente la tasa de remplazo, garantizaría una mayor solidaridad social con los trabajadores con cotización insuficiente y cumple con las premisas señaladas, presentando cálculos sobre sostenibilidad financiera a largo plazo, cuyo perfil presentaremos en la próxima entrega.
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