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Cada vez que un acto violento conmociona a la población por la posibilidad de que el autor actuara bajo una merma de capacidades cognitivas y emocionales, resalta la gran falta de asistencia en el país para las enfermedades que afectan el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento. Este contexto es crucial al establecer con precisión científica y procedimental el motivo y las circunstancias de la tragedia sucedida anteayer en el sector de Naco, con víctimas mortales y heridos, donde un joven tratado previamente por desequilibrio emocional atacó con un arma blanca a familiares y vecinos. Una desgracia ocurrida en un país donde se calcula que ejercen en clínicas privadas y hospitales unos 240 psiquiatras para una población cercana a los 11 millones de habitantes, mayoritariamente concentrados en Santo Domingo y Santiago. Las autoridades estatales reconocen que esta cifra es insuficiente para la alta incidencia de trastornos mentales en República Dominicana, estimada en un 20% de la población.
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La comunidad médica psiquiátrica demanda al Congreso Nacional agilizar las modificaciones necesarias para que la Ley General de Salud sea una herramienta acorde a los tiempos y los avances científicos en salud mental, y para atender las urgencias en las cárceles. Si la disponibilidad de profesionales para la atención en libertad es limitada, no es de esperar que la población carcelaria tenga mejor suerte. Se insta a las familias a buscar ayuda profesional ante las primeras señales de problemas mentales en sus miembros, desde leves a graves. El seguimiento y supervisión de la conducta son esenciales, priorizando el tratamiento médico riguroso para los enfermos mentales y evitando el encierro.
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