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Asume la defensa el diputado Pérez de Pedernales

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El bloque de diputados del partido Fuerza del Pueblo, condenó las acciones imprudentes del gobierno y de la empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), por intentar silenciar a los residentes de Pedernales y al diputado opositor Rafelin Pérez, quien ha liderado las denuncias de abuso.

Después de tres días de protestas por los prolongados cortes de energía eléctrica que implementa Edesur en Pedernales, el diputado Rafelin Pérez expuso la crítica situación de la provincia en el congreso ayer, e inmediatamente sus negocios en esa demarcación sufrieron persecución por parte de Edesur.

El diputado de Fuerza del Pueblo informó que ayer, brigadas de Edesur conformadas por guardias, policías, técnicos y supervisores, se presentaron de manera abusiva con el pretexto de realizar inspecciones en los contadores industriales de sus negocios, a los cuales solo Edesur tiene acceso para abrir y monitorear. Sin embargo, tras su visita, dejaron notificaciones y citatorios para el legislador Rafelin Pérez, dirigiéndolos a la fiscalía regional de Azua.

En una rueda de prensa con el bloque de diputados de Fuerza del Pueblo, Rafelin Pérez denunció el atropello, el abandono de Pedernales, la alta facturación eléctrica, los desalojos de pescadores y parceleros, así como de propietarios de negocios en el malecón y el sector Las Mercedes, además de los transportistas, y la quiebra de pequeños hoteleros y restaurantes.

El Bloque de Fuerza del Pueblo consideró la persecución contra el diputado Rafelin Pérez como una acción política debido a sus constantes denuncias sobre la falta de atención del gobierno a la provincia de Pedernales, y contra los más de 15 horas diarias de apagones que mantienen al pueblo al límite.

Los diputados del partido opositor también condenaron la persecución de Interior y Policía y la Policía Nacional contra el legislador Heriberto Aracena, por supuestamente poseer un arma ilegal.

Indicaron que el arma fue robada al diputado en 2012 y está en poder del Interior y Policía, por lo que creen que se trata de una persecución política contra su organización.

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