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El jurista Carlos Salcedo critica el nuevo Código Penal: Tiene faltas intencionadas
El jurista Carlos Salcedo señaló que el nuevo Código Penal que se busca aprobar en el Congreso, lejos de reflejar un acuerdo nacional fruto del diálogo plural, incluye omisiones intencionadas y sesgos ideológicos que ponen en peligro su legitimidad constitucional y su eficacia como política criminal.
Detalló que la aprobación en el Senado del mencionado proyecto de ley es un hecho jurídico relevante en un país que ha funcionado durante más de un siglo con una normativa del siglo XIX desactualizada ante las transformaciones sociales y las nuevas formas de delincuencia.
Sin embargo, insistió en que: “lejos de representar un acuerdo nacional fruto del diálogo plural, encierra omisiones intencionadas y sesgos ideológicos que comprometen su legitimidad constitucional y su eficacia como política criminal”.
Recordó que siempre ha mantenido que “el país necesita un Código Penal moderno, pero no uno que excluya deliberadamente los derechos de sectores vulnerables o reproduzca estructuras de impunidad institucional”.
Indicó que en cuanto al fondo, el proyecto muestra progresos importantes, ya que se tipifican figuras delictivas que no existen en la legislación penal vigente, como el feminicidio, el sicariato, los crímenes de odio, el acoso laboral y el acoso sexual, así como la corrupción administrativa agravada.
“Estas disposiciones responden a demandas sociales constantes y sitúan al país en una vía de adaptación normativa respecto al contexto regional y global. También se introducen novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque aún de forma limitada y sin una arquitectura institucional lo suficientemente sólida”, dijo.
Manifestó que, no obstante, la exclusión expresa de la despenalización del aborto en las tres causales -riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o incesto- constituye, como ha reiterado, “una cesión frente al conservadurismo dogmático que daña derechos fundamentales de las mujeres y compromete la coherencia constitucional del ordenamiento jurídico”.
“Esta exclusión contradice principios establecidos como la dignidad humana, la igualdad y el derecho a la salud, y coloca a la República Dominicana en incumplimiento de sus compromisos internacionales”, declaró Salcedo.
“Desde una perspectiva de política criminal, ha advertido sobre la peligrosa continuidad de un modelo penal predominantemente punitivo, sin una estrategia integral de prevención ni de rehabilitación. El Código sigue viendo la cárcel como único destino del conflicto penal”, dijo.
